La reciente visita de diputados libertarios a genocidas encarcelados podría desatar un escándalo de proporciones imprevisibles. Una de las empresas vinculadas a la familia del represor Jorge Olivera, Palupa S.A, que la diputada Lourdes Arrieta solicitó que el Congreso investigue, ha sido acusada de falsificar documentos públicos para apropiarse de tierras pertenecientes a terceros en la provincia de Córdoba, según reveló El Destape. La maniobra, que tuvo lugar en 2006 y 2007, sigue en proceso judicial e involucra a otro represor condenado: Jorge Humberto Appiani. Tanto Olivera como Appiani, ambos militares, abogados y socios, formaron posteriormente un fideicomiso millonario que fue congelado en 2013 por la Unidad de Información Financiera (UIF) tras la fuga de Olivera. Se sospecha que este fideicomiso podría haber sido utilizado para financiar su huida de la justicia y otras actividades relacionadas con los genocidas. La pregunta sobre cómo se financia el movimiento pro-genocida vuelve a estar en el centro del debate.
Esta semana, la diputada Arrieta mencionó en su presentación ante el Parlamento que el clan Olivera tiene al menos dos sociedades registradas en los Estados Unidos. Una de ellas es una empresa con el mismo nombre que la denunciada en Argentina: Palupa Properties LLC. Uno de los hijos de Jorge Olivera, el sacerdote Javier Olivera Ravasi, está vinculado a ambas firmas estadounidenses y fue quien organizó junto a diputados libertarios las visitas a los represores detenidos, además de promover iniciativas para intentar liberarlos.
Sociedades bajo escrutinio
En la madrugada del pasado martes, la diputada Lourdes Arrieta, quien formó parte de la visita a la cárcel de Ezeiza y luego presentó una denuncia penal alegando que fue engañada por sus compañeros de bancada, tuiteó sobre dos sociedades radicadas en EE.UU vinculadas al sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida Jorge Olivera. También presentó un proyecto en el Congreso solicitando una investigación sobre la red que rodea a estas sociedades vinculadas al sacerdote y a su padre genocida. En el Parlamento, se empieza a considerar la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre la visita.
El sacerdote Olivera Ravasi es quien organizó varios grupos de chat en los que diputados libertarios, abogados de genocidas y el excamarista de Casación Eduardo Riggi coordinaron la visita a los represores e impulsaron iniciativas para intentar liberarlos.
Las sociedades documentadas por Arrieta son «Order of Saint Elijah», registrada en el estado de Georgia en junio de 2020, y Palupa Properties LLC, creada en el estado de Florida.
En el proyecto presentado en el Congreso, Arrieta afirmó que existe una sociedad homónima o espejo de Palupa en Argentina. «Esta sociedad en Argentina fue creada como PALUPA S.A, y entre sus miembros figuran varios ‘Olivera Ravasi'», agregó. Mientras que en Palupa Properties LLC están vinculados el médico Martín Olivera Ravasi -también hijo del genocida- y el sacerdote, en Palupa S.A aparecen, al menos en sus inicios, otros hermanos del cura pro-genocida.
Palupa S.A se constituyó en Argentina el 3 de abril de 2006, y en su creación participaron Mariano Ángel Olivera Ravasi, Sebastián Jorge Olivera Ravasi, y el genocida Jorge Antonio Olivera Ravasi. Según el documento de la Inspección General de Justicia (IGJ) que detalla la constitución de esta empresa, el represor Olivera intervino «en nombre y representación y en carácter de apoderado de Javier Pablo Olivera Ravasi». La sociedad se creó para realizar actividades inmobiliarias e inversiones tanto en el sector inmobiliario como en el automotor y agrícola-ganadero. Como presidente de la firma, en sus orígenes, estuvo Mariano y como vicepresidente Sebastián Olivera Ravasi. El sacerdote figuraba como director suplente. En junio de 2023, con Jorge Olivera enfrentando tres condenas a perpetua, su esposa Marta Ravasi asumió la presidencia de la sociedad. El sacerdote pro-genocida, que recientemente publicó en redes sociales fotos desde Atlanta y California, EE.UU, sigue manteniendo el mismo rol.
Desde sus inicios, Palupa S.A estuvo involucrada en acciones fraudulentas. Según reconstruyó El Destape, en el fuero civil se tramita una denuncia contra Palupa S.A por «Redargución de falsedad» y «daños y perjuicios». En 2013, se la acusó de falsificar documentos públicos para apropiarse de tierras en la provincia de Córdoba que no les pertenecían. Los hechos ocurrieron poco después de la constitución de esta sociedad por parte de los Olivera.
Junto a Palupa, es decir, la familia Olivera, también fueron denunciados: la firma Angela Carolina S.A, que en el momento de los hechos era administrada por el genocida Jorge Humberto Appiani (socio de Olivera); Humberto Antonio Rubio; Carlos Alberto Arini, quien ya falleció; y la escribana Beatriz Nilda Amaro de Arregin.
Según se desprende de la acusación, todo indica que estas sociedades fueron creadas para llevar a cabo esta maniobra. Once años después, el expediente sigue activo y en pleno proceso. Actualmente, tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 74 de la Ciudad de Buenos Aires.
En junio de 2023, por ejemplo, Marta Ravasi, esposa del genocida Olivera, se presentó por Palupa S.A con el patrocinio de su hijo Mariano Olivera. Marta Ravasi jugó un papel central en las fugas de su marido, con quien celebró recientemente sus 50 años de matrimonio en una fiesta en su casa, donde, como publicó Página12, cantó Palito Ortega. La ceremonia estuvo a cargo de su hijo sacerdote.
Palupa S.A y la maniobra de desapoderamiento
En el escrito que da inicio a la causa contra los genocidas y sus «socios», Alfredo Vacas presentó una demanda por «Redargución de falsedad y nulidad de instrumento público» luego de que en octubre de 2010 se enterara, a través de un «agente financiero – Broker inmobiliario-«, que había sido despojado de su campo para luego ser comprado mediante un poder falso.
De acuerdo con la presentación, digitalizada el 24 de septiembre de 2020, el demandado Humberto Rubio contactó a un agente financiero porque quería «obtener una hipoteca sobre un campo que dijo ser de su propiedad». Este agente solicitó la escritura para tramitar el crédito. Cuando la recibió, estalló el escándalo. Allí, Vacas aparecía vendiendo el campo «a través de un supuesto poder otorgado en la provincia de Corrientes a favor del demandado Rubio». La maniobra, según la denuncia, se realizó mediante «un poder falso» firmado en 2005 en Corrientes por la escribana Beatriz Nilda Amaro de Arregin.
La supuesta venta también fue firmada por otros «condóminos del bien» que ya habían fallecido. Entre ellos, Silvia Margarita Seery de Arini, esposa de Carlos Alberto Arini, denunciado y actor central en toda esta trama. Arini poseía las copias de las escrituras y las llaves de la propiedad y, según el denunciante, tenía una «estrechísima relación» con Rubio. Con este mecanismo, denunció Vacas, le enajenaron el campo.
Con el poder falso, Arini y Rubio realizaron una escritura «traslativa de dominio» de la propiedad ante el escribano René Carlos Pontoni. Este escribano intervino, en las mismas fechas, en la constitución de las empresas de los genocidas Olivera y Appiani (por ejemplo, la constitución de Palupa S.A fue publicada en el Boletín Oficial el 7 de abril de 2006; con apenas días de diferencia, se constituyó Angela Carolina S.A). La escritura, relató el denunciante, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires a favor de Rubio y de las sociedades Palupa S.A, «representada en ese acto por Olivera Ravasi – presidente de dicha sociedad» y Angela Carolina S.A «representada en ese acto por su apoderado, Jorge Humberto Appiani». «No contentos con esto, los demandados, cual botín, se reparten mis tierras mediante una falsa escritura de división de condominio en la que se adjudican arbitrariamente pedazos de campo de mi propiedad», cuestionó Vacas, quien calificó la operación como una «maniobra delictiva».
Rubio, Olivera y Appiani disolvieron el condominio y se adjudicaron «distintas superficies de los inmuebles». Esa división se realizó el 2 de mayo de 2007 también ante Pontoni.
En resumen, se utilizó un poder falso otorgado en Corrientes, y luego se firmaron escrituras en la Ciudad de Buenos Aires para que los demandados se quedaran con campos en Córdoba.
Para intentar revertir el desapoderamiento, Vacas solicita que se declare falso y nulo el poder especial que originó la maniobra y la escritura posterior por la cual Olivera y Appiani se apoderaron del campo.
El proceso de desapoderamiento de bienes de las víctimas de la represión fue una práctica común durante el terrorismo de Estado.
Genocidas S.A
Antes de embarcarse en esta falsificación para apropiarse de tierras, los genocidas Olivera y Appiani crearon dos sociedades junto a otros represores de la dictadura, entre ellos Julián Corres y Luis María D’Imperio, los «CURA». En 2005, constituyeron CURA S.A, que estaba dedicada a la explotación agropecuaria. La sociedad surgió el 25 de noviembre de 2005 con la firma de los genocidas Appiani, Corres y D’Imperio y un exintegrante de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA: Olivera Ravasi. Estos cuatro genocidas formaron el Consejo de Administración de CURA y aportaron en cuotas idénticas de capital. La firma se constituyó en el mismo registro de la Ciudad de Buenos Aires. Al igual que en Palupa S.A, la empresa estaba destinada a la explotación inmobiliaria y agropecuaria.
Un año después, el 3 de abril de 2006, se constituyó Palupa S.A, otra sociedad en la que también participó Olivera Ravasi. En este caso, el represor no formó parte del Consejo de Administración, pero figuró como apoderado de su hijo, el sacerdote pro-genocida. Olivera Ravasi.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com
