A pesar de que un informe del Ministerio de Defensa argentino a mediados de 2023 lo calificaba como «una vulneración a la seguridad nacional«, un radar instalado por una empresa estadounidense con capital británico en el sur argentino firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa británico y planea continuar ofreciendo servicios militares desde suelo argentino. La polémica en torno al radar surgió en junio de 2023, cuando se supo que la empresa estadounidense Leolabs estaba gestionando la instalación de un radar en la ciudad de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego —la más austral del país y ubicada a poco más de 1.000 kilómetros de la Península Antártica— destinado, originalmente, a monitorear objetos en la órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés), es decir, a menos de 2.000 kilómetros de la superficie terrestre.
Aunque el Gobierno nacional de entonces, con Alberto Fernández (2019-2023) como presidente, y la administración provincial a cargo de Gustavo Melella habían dado inicialmente luz verde al proyecto, surgieron entre los fueguinos inquietudes sobre si el uso del satélite y su posible explotación por parte del Reino Unido no constituía una afrenta a la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, sus mares circundantes y la Antártida argentina.
La preocupación llevó a que, en el mismo mes de junio, el Ministerio de Defensa argentino ordenara la suspensión de su funcionamiento, advirtiendo en un informe que el proyecto permitiría al Reino Unido «monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar» desde territorio argentino, así como «interceptar datos y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves» y «hacer seguimiento de trayectorias y lanzamientos» del programa Tronador, una familia de cohetes espaciales argentinos desarrollados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
El ministerio argentino consignó que, aunque la empresa asegura utilizar sus radares para la detección de «escombros espaciales» en órbitas bajas, Leolabs «posee un claro perfil dual [civil y militar]», operando en una altitud orbital en la que también «se pueden encontrar satélites civiles, de uso científico, militares de observación de la tierra, de navegación, de guerra electrónica, así como la estación espacial internacional, entre otros objetos». Además, también puede detectar «aeronaves muy por debajo de esas alturas, prácticamente casi sobre el nivel del terreno».
Acuerdos con EE.UU. y el Reino Unido
Las sospechas del exministro de Defensa argentino Jorge Taiana parecen cobrar fuerza un año después de ese informe, cuando la compañía hizo público un acuerdo con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para desarrollar, según consigna la propia empresa, «la primera constelación de satélites de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) del Reino Unido».
En junio de 2024, Leolabs también ganó un fondo de 1,2 millones de dólares de la Fuerza Aérea de EE.UU. para desarrollar un nuevo radar para rastrear objetos en órbitas terrestres muy bajas (VLEO). Un artículo de la revista especializada Space News incluyó comentarios del CEO Tony Frazier: «A medida que el número de satélites adversarios en el espacio aumenta dramáticamente año tras año, estamos comprometidos en apoyar los esfuerzos del Departamento de Defensa de EE.UU. para mejorar el rastreo de lanzamientos no cooperativos, desechos orbitales más pequeños y objetos en la VLEO».
¿Un instrumento para el espionaje?
Moisés Solorza, experto en temas energéticos y editor del sitio especializado Boca de Pozo, contó a Sputnik que fue uno de los primeros en denunciar la instalación del radar y comprobó que, aunque el Gobierno argentino había ordenado la cancelación de su operación, «el radar nunca fue desconectado ni de internet ni de energía eléctrica» y no se pudo verificar que haya dejado de transmitir datos durante ese período.
El experto se basó en el informe del Ministerio de Defensa argentino para advertir que el radar es capaz tanto de «monitorear actividades como la pesca hasta intervenir comunicaciones locales y realizar espionaje de información en un radio de 5.000 kilómetros».
Solorza criticó a las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego y a la administración de Alberto Fernández por haber permitido inicialmente la instalación del radar. «Hubo complicidad de funcionarios o, en el mejor de los casos, fueron susceptibles a presiones, posiblemente desde EE.UU.», señaló, recordando que la instalación del radar fue celebrada en su momento por el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, y también abordada por el embajador de Alberto Fernández en EE.UU., Jorge Argüello.
Días atrás, un artículo del diario argentino Ámbito señaló que el actual Gobierno de Javier Milei se enfrenta al dilema de si ordenar el desmantelamiento total del radar, algo que no fue exigido por la administración anterior, incluso cuando se dispuso la suspensión del proyecto. El mismo medio indica que desde la compañía confían en que la simpatía de Milei hacia Washington y Londres permita alcanzar un acuerdo para que el radar continúe funcionando.
Para Solorza, el gobierno provincial debería proceder a su desmantelamiento debido a que se trata de «un instrumento militar al servicio de la OTAN que opera a espaldas del pueblo argentino y que nos pone en grave riesgo».
Con información de Noticiaslatam
Publicado en lanuevacomuna.com
