El director del SPF, Fernando Martínez —designado por Patricia Bullrich en 2024— quedó bajo investigación por presunto direccionamiento de licitaciones vinculadas a la provisión de alimentos para los detenidos del penal de Ezeiza. Durante el último allanamiento se negó a entregar su teléfono celular. Sospechas por sus posibles lazos con empresas proveedoras.
Al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, lo alcanzó un escándalo de alto voltaje. En las últimas horas, la Justicia federal de Lomas de Zamora dispuso el allanamiento de sus oficinas y el secuestro de sus teléfonos móviles en el marco de una causa que investiga supuestas conexiones irregulares con compañías encargadas de suministrar alimentos en mal estado en la cárcel de Ezeiza.
La hipótesis del juez federal Federico Villena apunta a que Martínez —puesto al frente del SPF por Patricia Bullrich en marzo de 2024— habría impulsado la “cartelización” del servicio de comidas en ese establecimiento penitenciario mediante el uso de distintas firmas pantalla. La más reciente es Bio Limp SA, cuya concesión fue renovada —de manera llamativa— el mismo día del allanamiento, apenas horas antes de que la Justicia requisara los despachos del funcionario.
De acuerdo con el expediente, Bio Limp comparte camiones, equipamiento y personal con Foodrush, la empresa que anteriormente manejaba el servicio y que años atrás ya había quedado envuelta en un escándalo por la entrega de alimentos en estado de descomposición.
Escherichia coli
Los internos del penal de Ezeiza habían presentado un habeas corpus ante Villena, denunciando que recibían comida en mal estado y que muchos reclusos optaban por no consumirla, viéndose obligados a gastar el escaso dinero disponible en la cantina para poder alimentarse. Tras un extenso derrotero judicial, inspecciones de la ANMAT confirmaron niveles elevados de Escherichia coli en las raciones. En 2024, el propio Villena se presentó en el penal y consumió los mismos platos que se servían a los presos. Horas después sufrió un cuadro de diarrea y vómitos. A partir de ese episodio, el magistrado condenó a Foodrush y le impuso la prohibición de participar en licitaciones ante el PSN por tiempo indeterminado.
En el concurso siguiente, la concesión fue otorgada a Bio Limp, una firma dedicada originalmente a tareas de limpieza y sin antecedentes en gastronomía. Las quejas por la calidad de los alimentos persistieron y Villena abrió una causa por “envenenamiento”. Durante los allanamientos se constató que las patentes de los camiones de Bio Limp coincidían con las de Foodrush, que se había contratado al mismo personal y que existían facturas por transferencias entre ambas empresas por cerca de 150 millones de pesos.
La sospecha central es que, tras quedar Foodrush inhabilitada por las denuncias, Martínez habría facilitado su reemplazo por Bio Limp, una empresa con la que igualmente mantendría vínculos.
Un allanamiento cargado de tensión
El operativo sumó nuevos elementos a las sospechas del juez cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono celular. Según fuentes de la causa, inicialmente entregó un aparato antiguo en desuso y, al ser intimado a presentar el que utiliza habitualmente, afirmó haberlo “extraviado” esa misma mañana.
No obstante, un informe técnico indicó que la última señal del dispositivo supuestamente perdido impactó en una antena ubicada en el barrio porteño de Barracas apenas una hora antes del allanamiento. Para Villena, ese dato refuerza la presunción de que el funcionario pudo haber recibido una filtración y destruido el teléfono para ocultar evidencia.
El informe detalló que el celular registró actividad a las 10.15, en las inmediaciones de Barracas, cerca del estadio de Huracán. Para la Justicia, se trata de un elemento relevante que abre la hipótesis de un aviso previo y un intento deliberado de ocultamiento.
Con la autorización del juez federal de Lomas de Zamora, los oficiales ingresaron el viernes por la mañana al despacho de Martínez para allanar su oficina y secuestrar su celular, en una investigación que indaga los presuntos vínculos entre el funcionario y Bio Limp, empresa que ese mismo día había logrado renovar la concesión para alimentar a más de dos mil personas detenidas en la Unidad Penal de Ezeiza.
Tras varios minutos de tensión, Martínez puso a disposición un teléfono que no era el de uso cotidiano. Ante esa situación, y con aval judicial, se le exigió que entregara el verdadero. El director del SPF reiteró que lo había perdido ese día. El peritaje informático confirmó luego que el aparato había tenido su última conexión una hora antes del procedimiento. Villena sospecha que alguien le filtró la información y que el celular fue destruido. Como dato adicional, el funcionario habría llegado a su oficina en una camioneta registrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los denominados “reyes” de La Salada, actualmente prófugo.
Martínez, un hombre de Bullrich
Fernando Martínez asumió la conducción del Servicio Penitenciario Federal en marzo de 2024, tras ser designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante su gestión, la fuerza pasó del ámbito del Ministerio de Justicia al de Seguridad, en diciembre de 2023.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que el titular del SPF se desplazaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada que permanece prófugo.
Pese a que la fiscal Cecilia Incardona solicitó la nulidad del allanamiento, Villena cuenta con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien expresó su disposición a colaborar con la investigación destinada a desarticular lo que el juez define como “mafias enquistadas hace muchos años” dentro del sistema penitenciario.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com