Hoy en día, adquirir un litro de agua mineral resulta más costoso que comprar un litro de combustible. Sin embargo, a diferencia de las petroleras, las gigantes internacionales Nestlé y Danone no pagan regalías por la explotación de este recurso. Mientras tanto, productos como Eco de los Andes y Villavicencio figuran entre los más caros a nivel global, y la Legislatura de Mendoza sigue sin debatir proyectos de ley que permitan compensar económicamente la explotación de un recurso natural vital, escaso y no renovable.
Por Negro Nasif
El embotellamiento de agua para su comercialización se ha convertido en un negocio de dimensiones económicas extraordinarias, que ha logrado expandirse globalmente. “Lo que comenzó como un plan de marketing, se convirtió en una obsesión mundial”, detalla el capítulo Aguas turbias de la serie documental Rotten (disponible en Netflix), que expone cómo la venta de un producto inicialmente innecesario se posicionó como esencial gracias a estrategias publicitarias, el aprovechamiento de crisis hídricas y la influencia de corporaciones multinacionales.
En Argentina, se estima que cada persona consume en promedio 88 litros de agua embotellada al año. Este mercado está dominado por dos empresas: Aguas Danone, que controla el 53% del sector, y Nestlé Waters, con un 30%. Danone gestiona marcas como Villavicencio, Villa del Sur y Ser, mientras que Nestlé es propietaria de Eco de los Andes, Nestlé Pureza Vital y Glaciar, entre otras.
Ambas compañías poseen grandes plantas en Mendoza, donde aprovechan el agua pura de deshielo cordillerano, naturalmente filtrada. Sin embargo, ¿cuántos litros extraen realmente? Esa información no es de acceso público, lo que también ocurre con los costos asociados a sus productos.
Lo que sí es visible para los consumidores son los precios finales de estas aguas en supermercados y comercios, donde cada vez más personas dudan en adquirirlas debido a los constantes incrementos. Estas subas son decididas unilateralmente por las empresas, sin regulación estatal, bajo una política de “dejar hacer” que caracteriza tanto a la gestión presidencial de Javier Milei como a la del gobernador Alfredo Cornejo.
Un relevamiento realizado por EL OTRO en cadenas como Coto, Carrefour y Átomo promedió el precio del litro de agua mineral de Eco de los Andes y Villavicencio en $1.110. Según un artículo reciente del diario Ámbito, este valor se encuentra entre los más elevados del mundo.
“La suba de precios combinada con la apreciación del tipo de cambio oficial genera un fenómeno que deteriora la competitividad argentina: inflación en dólares”, explica la periodista Nazarena Lomagno. En alimentos, este impacto se refleja especialmente en el agua embotellada, que en Argentina es considerablemente más cara que en otros países. Según el análisis, un litro y medio de agua cuesta un 203,8% más que en Brasil, 703,8% más que en Francia, 335,4% más que en Italia y 68,8% más que en Chile.
Las empresas argumentan que estas diferencias se deben a “un tipo de cambio retrasado y costos dolarizados”. Si bien el tipo de cambio oficial, que ronda los $1.100, podría sustentar esta explicación, los costos de producción siguen siendo un misterio que las corporaciones no aclaran.
Lo que sí es indiscutible es que el costo de la materia prima –el agua de Mendoza– no es un factor determinante en el precio final. A diferencia de recursos no renovables como el petróleo, su extracción no está gravada por regalías provinciales ni municipales, lo que significa que estas multinacionales no pagan compensaciones por el impacto ambiental que genera esta explotación masiva.
Nestlé y Danone solo están obligadas a abonar una «tarifa para uso de agua mineral» fijada en $1,20 por litro embotellado, un monto irrisorio que fue establecido por el Departamento General de Irrigación hace un año. Con una inflación acumulada de más del 160%, esta tarifa equivale hoy a una milésima parte del precio final del producto.
En 2019, la exdiputada peronista Marisa Garnica presentó un proyecto de ley para regular la explotación de aguas minerales, proponiendo el cobro de cánones estatales. Tres años después, el diputado radical Emiliano Campos presentó una iniciativa similar. Sin embargo, ambas propuestas permanecen archivadas en la Legislatura mendocina.
Mientras tanto, el agua sigue siendo el eje de un lucrativo negocio controlado por un puñado de corporaciones extranjeras, mientras que para los mendocinos se desvanece como un derecho esencial.
La Nueva Comuna