Un magistrado de Rosario dispuso que Gustavo Shanahan, un financista condenado por tráfico de drogas al proveer divisas a una red de narcotráfico, cumpla su condena en una prisión común. El juez revocó la prisión domiciliaria que se le había otorgado al empresario y solicitó al Servicio Penitenciario Federal que le asigne un lugar en una cárcel.
Shanahan, ex presidente de la Terminal Puerto Rosario y responsable de una entidad financiera ubicada en el centro de la ciudad, fue vinculado con la venta de dólares al narcotraficante Julio Rodríguez Granthon, quien cumple múltiples condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
En 2023, Shanahan, de 68 años, fue sentenciado a siete años de prisión. El tribunal que lo juzgó respaldó la hipótesis de la fiscalía, que sostenía que el financista no solo lavaba dinero, sino que participaba activamente en la organización criminal. Sus transacciones financieras permitían a la banda de narcotraficantes pagar la importación de cocaína desde Bolivia, posicionándolo como un actor clave en el comercio de estupefacientes.
El fiscal de Ejecución Penal, Federico Reynares, fue quien impulsó la revocación de la prisión domiciliaria, argumentando que ni la edad de Shanahan ni otras circunstancias justificaban que continuara cumpliendo su condena en su domicilio. El financista había estado residiendo en un departamento de lujo en Rosario.
La defensa de Shanahan, a cargo del abogado Renzo Biga, solicitó que se mantuviera el arresto domiciliario, alegando que su cliente no había interferido en el proceso judicial, había asistido a todas las audiencias y cumplía con las condiciones impuestas. Además, mencionó que Shanahan estaba bajo tratamiento psiquiátrico, lo que requería medicación constante.
El juez federal Mario Gambacorta aceptó la petición del fiscal, aunque condicionó su ejecución a que la sentencia sea confirmada por la Cámara de Casación. A pesar de ello, ordenó al Servicio Penitenciario que garantice una plaza en un establecimiento que pueda brindarle la atención médica adecuada.
La postura del fiscal Reynares se enmarca dentro de una política más estricta de las Unidades Fiscales Federales de Rosario, orientada a sancionar con mayor rigor los delitos que facilitan el narcotráfico, especialmente cuando son cometidos desde sectores profesionales o financieros. Esta estrategia responde al grave impacto que el narcotráfico ha tenido en la ciudad, aumentando los homicidios y la violencia relacionada con drogas.
En paralelo, otro financista, Patricio Carey, fue indagado esta semana por presuntamente vender divisas a un narcotraficante. Carey, propietario de la financiera Cofyrco, está acusado de intermediación financiera ilegal y será juzgado por vender dólares al narcotraficante Marcelo Medrano, asesinado en 2020.
En un escándalo aparte, Shanahan también fue vinculado en 2015 con un caso de corrupción política en España, donde fue acusado de recibir un soborno millonario del empresario Jordi Pujol Ferrasola, relacionado con la gestión de la Terminal Puerto Rosario.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
