Un documento de la «Sala de Situación de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal» advierte a la ministra Patricia Bullrich sobre una creciente “situación de malestar en las fuerzas de seguridad federales, en particular en la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria», debido a reclamos salariales. Según el informe, se están organizando concentraciones de gendarmes en distintos puntos del país: el Edificio Centinela, en el Puerto de Buenos Aires; el Monumento a la Bandera, en Rosario; la Plaza San Martín de Jesús María, Córdoba; la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy y la Plaza San Martín de Tartagal, Salta. En principio, estas movilizaciones están programadas para el lunes 10 a las 9 de la mañana.
El documento transcribe testimonios de gendarmes con 15 años de servicio que aseguran percibir sueldos de 800.000 pesos, mientras deben cumplir funciones en Rosario o Buenos Aires, donde los alquileres oscilan entre 250.000 y 500.000 pesos, dificultando así la cobertura de sus necesidades básicas. En diversas plataformas en línea, los voceros instan a que los familiares de los efectivos se sumen a la protesta. A pesar de que los manifestantes expresan afinidad con el gobierno, incluso cuando son enviados a reprimir, el eje del reclamo sigue siendo la imposibilidad de llegar a fin de mes.
La filtración del informe de inteligencia de la Policía Federal generó un fuerte malestar entre los gendarmes. Históricamente, los agentes de esta unidad de espionaje han sido conocidos como «Los Plumas», en referencia a su labor de redactar informes de manera incesante, cuando antiguamente se hacía con pluma y tinta. Lo que más irritación provocó es que, en este caso, la estructura de inteligencia parece haberse enfocado en espiar a miembros de otras fuerzas de seguridad. Un antecedente de las prácticas de esta división fue documentado en el libro Iosi, de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, que reveló la historia de José Alberto Pérez, un infiltrado en la comunidad judía durante 14 años.
El trasfondo del conflicto radica en que Bullrich ha desplegado a los gendarmes en diversas zonas críticas del país, más allá de las fronteras donde tradicionalmente operan. En ciudades como Rosario, Buenos Aires y Córdoba, la permanencia no es temporal, sino prolongada, lo que los obliga a alquilar viviendas con costos que oscilan entre 250.000 y 500.000 pesos. Como resultado, el descontento por los salarios ha crecido y los efectivos exigen aumentos urgentes. En los grupos de discusión en línea, particularmente en la página denominada 1588, los uniformados denuncian que en todo 2024 recibieron apenas un 3% de aumento. El último ajuste salarial registrado en el Boletín Oficial, en diciembre, fue mínimo: un cabo primero que en noviembre cobraba 778.238 pesos pasó a percibir 786.020, es decir, apenas un 1% más. “El 40-50% de lo que ganamos se va en alquileres, sin contar otros gastos familiares”, argumentan los gendarmes movilizados. En 1588, la convocatoria es explícita: el lunes 10 de febrero a las 9 en el Monumento a la Bandera de Rosario.
El informe menciona a un gendarme identificado como Sergio, con 15 años de antigüedad y rango de suboficial, quien declaró en una entrevista con el canal 5TV de Corrientes que su salario neto ronda los 800.000 pesos. También se critica la falta de planificación en los traslados de efectivos, ya que muchos son reasignados sin previo aviso, sin evaluar su situación familiar o quiénes podrían ser relocalizados con menor perjuicio.
Según la Sala de Situación, los manifestantes han conformado un grupo de WhatsApp con 751 miembros, a través del cual organizan las protestas previstas para el lunes 10. En los mensajes intercambiados, aseguran que Bullrich les brinda apoyo político, pero no económico. En la práctica, la ministra ordena el despliegue de efectivos para reprimir manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que la Gendarmería no tiene jurisdicción allí, salvo en puntos específicos como el Congreso, la Casa Rosada y la Catedral. No obstante, el gobierno porteño evita intervenir directamente, esquivando el costo político, lo que genera imágenes de camiones cargados con gendarmes o prefectos movilizados. Esta disponibilidad permanente de personal, compuesto en su mayoría por efectivos reclutados en provincias del norte del país, los obliga a buscar vivienda en ciudades donde los alquileres resultan inaccesibles. La misma situación se replica en Rosario, donde la presencia de gendarmes responde a la necesidad de frenar la escalada de violencia vinculada al narcotráfico. Sin embargo, allí también denuncian que el sueldo no alcanza para costear un alquiler.
El informe de inteligencia detalla que ya en 2024 hubo intentos previos de organizar protestas, aunque no llegaron a concretarse. “Sin embargo, la presente convocatoria ha ganado una notable tracción en redes sociales y medios de comunicación, lo que indica un incremento en la preocupación y el descontento entre los efectivos y sus familias”. Habrá que ver si finalmente las movilizaciones se llevan a cabo: diez días atrás, Bullrich se refirió al tema en la red X y aseguró que “estamos trabajando por la mejora salarial”. La ministra es consciente de que la Gendarmería juega un papel clave en la implementación del ajuste y el control de los conflictos sociales.
El caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria es diferente y se focaliza en Río Grande, Tierra del Fuego. Allí, el reclamo apunta a las condiciones laborales: exceso de horas nocturnas sin pago, negación de vacaciones, hostigamiento interno y problemas de salud derivados de la sobrecarga de trabajo. Según el informe, al menos 10 efectivos han solicitado licencias médicas por razones psicológicas.
El antecedente más significativo de rebelión en la Gendarmería y la Prefectura tuvo lugar en octubre de 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner y con Nilda Garré como ministra de Seguridad. En aquel entonces, la protesta se desató por errores en la liquidación de haberes, pero luego se descubrió que detrás de la revuelta había una red de jueces que otorgaban medidas cautelares masivas en favor de los efectivos, elevando sus ingresos a cifras exorbitantes. Como resultado, un juez que había concedido 17.000 medidas cautelares fue destituido, junto con una magistrada que había autorizado 7.000. Aquella revuelta tuvo un fuerte componente ideológico, con figuras de la ultraderecha como voceros.
En esta ocasión, los manifestantes parecen alineados con el gobierno de Milei —»yo lo voté», postean algunos en redes—, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: no llegan a fin de mes. Como la mayoría de los trabajadores en Argentina. Quizás el aumento salarial llegue y, con ello, la voluntad de seguir reprimiendo.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com
