Mientras otras naciones sostienen políticas firmes para defender su flota mercante, el gobierno argentino avanza en una desregulación drástica que amenaza empleos, ecosistemas y la soberanía sobre nuestros ríos. Se trata de una decisión oficializada este miércoles 21 de mayo en el Boletín Oficial que profundiza el proceso de entrega iniciado por la gestión actual.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger y el conjunto del gabinete, modifica de raíz el régimen de navegación vigente. A partir de ahora, embarcaciones extranjeras podrán operar sin restricciones en aguas jurisdiccionales argentinas, al margen de los controles que hasta el momento resguardaban la industria naval, el ambiente y el empleo nacional.
El efecto es inmediato: cerca de 3.000 trabajadoras y trabajadores podrían ser despedidos o ver recortados sus ingresos de manera drástica. Pero lo que está en juego trasciende el plano laboral: se trata del dominio sobre nuestros propios ríos.
En declaraciones a FM TresCiudades, la especialista Milagros Barbieri alertó que la medida “apunta directamente al corazón del cabotaje nacional”; es decir, a la posibilidad de que los trayectos fluviales entre puertos argentinos sean realizados por buques con bandera nacional y tripulación local. Desde hoy, por ejemplo, una nave paraguaya puede transportar soja desde Rosario hasta Bahía Blanca sin tributar en nuestro país ni contratar a una sola persona argentina.
Esto implica un retroceso de enorme gravedad. Las tripulaciones foráneas están sujetas a las normas laborales de sus países de origen, donde los derechos muchas veces brillan por su ausencia. Mientras un marinero argentino cobra alrededor de 1200 dólares con cobertura social y aportes jubilatorios, un tripulante filipino o panameño podría recibir apenas 250 dólares sin ninguna garantía legal.
A eso se suma que el decreto elimina la obligatoriedad de contar con baquianos argentinos para la navegación en el río Paraná. Estos trabajadores, especializados en el trazado del cauce y sus riesgos, son claves para evitar siniestros o derrames. Prescindir de sus conocimientos es no solo una pérdida laboral, sino también un riesgo ambiental de gran escala.
Silencio institucional y resistencia gremial
Los sindicatos vinculados al sector llevan más de un año advirtiendo sobre los impactos que tendría una desregulación de este tipo. Han presentado notas al Congreso, solicitado reuniones con la Comisión de Asuntos Marítimos e Intereses Pesqueros, y difundido informes técnicos. Pero sus reclamos no encontraron eco. “Hay un bloqueo enorme”, denunció Barbieri, quien sostuvo además que “nuestra dirigencia no tiene dimensión de lo que esto significa”.
Qué hacen otros países
Lejos de avanzar en el desguace de su soberanía logística, muchas potencias apuestan a reforzarla. En Brasil, por ejemplo, sigue vigente una normativa que desde 1997 establece que al menos el 40% del petróleo debe ser transportado por embarcaciones de bandera brasileña, con un mínimo del 33% de tripulación nacional. Las empresas que no cumplen enfrentan severas sanciones.
Estados Unidos también ofrece un caso paradigmático: su normativa impide que el cabotaje sea realizado por barcos y tripulantes que no sean estadounidenses. Durante su gestión, Donald Trump destinó 1,5 billones de dólares a modernizar astilleros y puertos. Su sucesor, Joe Biden, profundizó esa línea, incrementando los subsidios para hacer frente a la competencia internacional.
España, por su parte, logró revitalizar su flota mercante y recuperar unos 8.000 empleos en tan solo dos años, gracias a una inversión estatal sostenida.
Una propuesta ignorada
En 2023, un proyecto presentado por el bloque de Unión por la Patria proponía revitalizar la marina mercante nacional, blindar el cabotaje y sostener empleos. La iniciativa recogía el consenso de sindicatos y cámaras empresariales, pero fue archivada sin ser debatida.
Hoy, la decisión del Ejecutivo va en sentido contrario: desmonta protecciones estratégicas, cede el control de las vías navegables a intereses foráneos y deja a miles de trabajadores argentinos en la intemperie.
La Nueva Comuna