La Seccional 10 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en Quequén está ventilando nuevos episodios de conflicto que implican a algunos de los personajes involucrados de manera irregular con la organización
Sucede que a través de diferentes denuncias y causas penales ha ido agravándose el conflicto en la seccional, sobre todo luego que una patota instalada en el lugar y dirigida por Eduardo (Mejo) Davico impidiera un procedimiento de intervención ordenado en su momento por el Secretario General de la Uatre José Voytenco.
En septiembre del año pasado una patota liderada por Davico agredió a golpes y amenazó con armas al interventor Jorge Alarco, enviado por Voytenco a la Bolsa de Trabajo de UATRE en Quequén (519 y Almirante Brown) para comenzar un proceso normalizador en la sede.
El episodio generó una denuncia frente a la Justicia que fue tramitada por el Fiscal Carlos Larrarte por el delito de “portación de arma de guerra y amenazas coactivas agravadas”.
Las acusaciones contra los Davico (además de Eduardo está señalado su hermano Juan Davico), señalan que tienen tomada ilegalmente la sede, manteniendo de rehenes a los estibadores y trabajadores que recurren a ella en busca de trabajo.
Nuevas denuncias
Además de aquel episodio este mes se sumó una nueva causa judicial que presenta la real dimensión del problema: el empresario papero José Alberto Ortiz denunció al «clan Davico» por “exacciones ilegales” que tramita el Juzgado de Garantías Nº 1 y la Fiscalía Nº 3. Las exacciones ilegales consisten en exigir el pago de derechos, tarifas o minutas que no están contemplados en la ley. Según la denuncia de Ortiz, los Davico serían los responsables de ese delito cometido en su contra.
Sumado a ello hay dos causas que siguen en curso. La primera, del 2024, por “uso ilegal de armas guerra”, que consta en el Juzgado de Garantías Nº 2 (casua Nº 11-00-5519-24); y la segunda, del 2023, por “privación ilegal de la libertad y amenazas”, tramitada en el Juzgado de Garantías Nº 2 (Causa 11-00-6493-23) y en la UFI Nº 1.
La situación genera profundo malestar, no solo entre la dirigencia que busca normalizar la situación, sino también entre los afiliados y las víctimas de los constantes aprietes que sufren a manos de los Davico y sus aliados los productores rurales, en especial aquellos cultivadores de papa y empresas de la estiba.
Acusaciones serias
En resumen, a continuación se detallan las principales acusaciones judiciales contra Davico y su grupo:
- Causa 11-00-703-25de este mes, “exacciones ilegales” que tramita en el Juzgado de Garantías Nº 1 y en la Fiscalía Nº 3.
- Causa 11-00-6493-23 “privación ilegal de la libertad y amenazas”, tramita en el Juzgado de Garantías Nº 2 y Fiscalía Nº 1.
- Causa 11-00-5519-24 “uso ilegal de armas guerra”, en la Fiscalía Nº 3 y Juzgado de Garantías Nº 2.
Las acusaciones contra Davico y sus colaboradores incluyen: «exacciones ilegales» (exigir pagos no contemplados en la ley), «privación ilegal de la libertad y amenazas» y «uso ilegal de armas de guerra». Estas denuncias han sido presentadas por el empresario papero José Alberto Ortiz, quien ha alegado ser víctima de constantes presiones y aprietes por parte de Davico y su grupo.
¿Qué significa «exacciones ilegales»
En el contexto de las denuncias contra Davico, «Exacciones ilegales» se refiere a la práctica de exigir pagos o tarifas que no están autorizadas por la ley. En este caso, se acusa a Davico y su grupo de obligar a productores agrícolas y empresas de estiba a realizar pagos indebidos, utilizando presiones e intimidaciones.
