Los habitantes de Conesa, una localidad situada sobre la ruta 188, a 35 kilómetros de la rotonda de acceso a San Nicolás y a 40 del centro de la ciudad, protagonizaron en los últimos días masivas protestas que obligaron al intendente Manuel Passaglia a dar marcha atrás en su decisión.
El reclamo central de los vecinos era evitar el cierre del centro de salud, una medida que el municipio intentó implementar de facto, sin ninguna resolución administrativa ni comunicación oficial. Todo se desencadenó el viernes pasado, cuando la ambulancia fue retirada sin previo aviso.
Tras dos multitudinarias movilizaciones, Marilina Gabrielli, una de las organizadoras de la protesta, recibió un llamado desde la municipalidad en el que le informaban la reversión de la medida. Sin embargo, aunque el miércoles ya se había presentado un petitorio con cientos de firmas, la ambulancia aún no había sido devuelta.
Durante el jueves, comenzaron a restituir los insumos retirados: primero los tubos de oxígeno, luego el desfibrilador y, finalmente, por la noche, la ambulancia.
Para los vecinos, el centro de salud representa mucho más que una simple sala de atención primaria. Allí trabajan médicos de guardia y especialistas esenciales como pediatras, ginecólogos, odontólogos, nutricionistas y profesionales de salud mental. Además, el desfibrilador disponible en el centro es el único en varios kilómetros a la redonda.
Las señales de desmantelamiento del servicio habían comenzado el año pasado, cuando algunos trabajadores llegaron a la edad jubilatoria y no se designaron reemplazos.
El viernes pasado, alertados por los llamados de vecinos y empleados municipales, se presentaron en el lugar el concejal Pablo Del Litto (UxP) y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Rodolfo Cecchi. Constataron de inmediato una grave irregularidad: el dispensario estaba vacío, a pesar de que la provincia envía medicamentos a través del plan Remediar.
El petitorio presentado en la municipalidad, identificado bajo el expediente 9151/2025, advierte que “es deber del municipio ocuparse de la atención primaria de la salud, y desde hace algunos años, la gestión viene suprimiendo cada vez más los servicios municipales en esta área, reduciéndolos al presente a su mínima expresión, con prestaciones limitadas y escasas”.
Los vecinos también exigen una reunión con el intendente, quien hasta el momento no se ha expresado públicamente sobre el conflicto. En Conesa, una comunidad de poco más de 300 habitantes donde todos se conocen, el malestar se acumula por varias razones.
Por un lado, se trata de la localidad con mayor porcentaje de pago de tasas municipales y menor nivel de morosidad dentro del partido de San Nicolás. Además, en la última elección, los Passaglia obtuvieron allí más del 60% de los votos.
Por otro lado, la decisión de retirar la ambulancia también significaba la partida del pueblo de Pedro Avendaño, chofer del vehículo y técnico radiólogo, y del médico Sergio Fleita, conocido por asumir guardias más extensas de lo estipulado en su convenio. Ambos son figuras muy queridas y respetadas por la comunidad.
Celia, una vecina reconocida en el pueblo, expresó su indignación: “Todo lo que da plata, los Passaglia lo privatizan y lo que no, lo cierran. Ya pasó con el cementerio y con el registro civil, por ejemplo. Ahora es la ambulancia: nadie avisó, nadie consultó ni dio explicaciones. Se la llevaron de una”, lamentó. A pesar del alivio por la restitución, advierte: “El pueblo ahora está tranquilo porque decidimos esperar hasta el viernes, a ver si cumplen sus promesas. Si no, volveremos a movilizarnos”.
Celia también relató un episodio reciente que evidenció la importancia del servicio de emergencias. “Justo en la manifestación del otro día, a una señora le dio un ACV. Tuvimos suerte porque la ambulancia estaba en General Rojo, pero si hubiera estado en viaje con un paciente, la señora no llegaba viva. Cuatro pueblos dependen de nuestra ambulancia”.
Antecedentes
Hace dos años, en plena campaña electoral de 2023, el entonces intendente, Santiago Passaglia (hermano del actual), promovió la denuncia del convenio que vinculaba a los trabajadores municipales con IOMA, logrando su aprobación mediante ordenanza.
Sin embargo, tal como señaló en su momento Buenos Aires/12, dicho convenio tenía rango de ley y solo podía ser revocado mediante otra norma de igual jerarquía. Finalmente, el año pasado, San Nicolás volvió a firmar con IOMA.
El trasfondo de aquella maniobra respondía a dos objetivos. En primer lugar, un cálculo político para debilitar la imagen del gobernador Axel Kicillof en su búsqueda de reelección y posicionar a Passaglia en el escenario nacional. En segundo lugar, un interés económico vinculado a la privatización del servicio.
En su momento, algunas fuentes apuntaban al Grupo Oroño como posible beneficiario de la privatización. Sin embargo, el servicio quedó, al menos de manera transitoria, en manos de la prepaga Avalian.
La Nueva Comuna
