La CGT ha otorgado su respaldo al Gobierno en la postulación del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Este apoyo fue confirmado por la «mesa chica» de la central obrera a miembros del Ejecutivo, tras una negociación llevada a cabo en un alto nivel de discreción que incluyó contactos directos entre los dirigentes y el magistrado. Los sindicatos tradicionales priorizaron la afinidad ideológica, considerando al candidato como peronista y vinculado al sindicalismo en su trayectoria judicial, sobre los múltiples incidentes que los enfrentaron durante la gestión de Lijo en Comodoro Py.
El Destape logró reconstruir las idas y venidas entre el Ejecutivo y la CGT respecto a la vacante en la Corte. Según varios dirigentes, hubo un encuentro entre el propio juez y un grupo selecto de sindicalistas de primer nivel en la residencia de uno de ellos, que se desempeña en un sector crítico de servicios públicos, en el barrio de Recoleta. La gestión estuvo a cargo de los principales intermediarios entre la administración libertaria y los gremios, incluyendo al asesor plenipotenciario Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La intensidad de esta diplomacia superó las reservas iniciales dentro del sector, derivadas del rol de Lijo en algunos casos delicados. En uno de ellos, el juez evitó calificar como delito de lesa humanidad el asesinato del metalúrgico José Ignacio Rucci, atribuido a la cúpula de Montoneros, en un intento fallido de consagrar jurídicamente la teoría de los dos demonios, lo que generó discrepancias con la familia del líder de la UOM y una parte de la central obrera.
En otro caso, tras una extensa investigación, el magistrado sobreseyó en 2014 a Gerardo Martínez (Uocra) de las acusaciones por su supuesta complicidad en la desaparición de trabajadores de la construcción durante la última dictadura, debido a su vinculación con el Batallón de Inteligencia 601 como informante. Lijo confirmó esta vinculación, pero afirmó no haber encontrado pruebas que lo relacionaran con las desapariciones, y señaló que la mayoría de estos casos ocurrieron antes de su incorporación al Ejército como agente civil, el 1 de marzo de 1982.
Más recientemente, el juez desempeñó un papel crucial en la intervención del sindicato de vigiladores (Upsra), dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri junto a otras intervenciones en gremios. La metodología fue generalmente la misma: jueces federales que, con causas bajo su instrucción, facilitaron las intervenciones de Cambiemos en contra de fallos de la Justicia del Trabajo, que buscaban dejar la gestión de los conflictos internos en manos de los afiliados y sus representantes.
Hasta ayer, el apoyo a Lijo dentro de la CGT era abrumador. Los dirigentes más veteranos destacan la cercanía del candidato con el fallecido líder de Luz y Fuerza, Oscar Lescano. El magistrado también era un asiduo participante en tertulias gremiales, como la despedida de año en diciembre de 2021 en el sindicato de conductores de taxis, encabezado por José Ibarra, junto con otra colega del fuero, María Servini. Recientemente, desde ese mismo sector, las 62 Organizaciones Peronistas, lideradas por Ibarra, expresaron un respaldo explícito a la candidatura de Lijo.
Este grupo, uno de los tres que reivindican su titularidad, elogió al juez en un comunicado: «el doctor Lijo tiene una destacada trayectoria académica, pero sobre todo una disposición hacia la moderación, y un constante afán por enseñar y aprender». También señaló que «no sólo es un magistrado independiente e imparcial, sino que respeta profundamente la República y, en especial, la Constitución Nacional, que es el pilar fundamental que sostiene el Estado de Derecho». Además, resaltaron que la instancia superior de Lijo, la Cámara Federal, apoyó su nominación. En un párrafo final, el comunicado elogia la «valentía y prudencia» del candidato y subraya su «gran honorabilidad».
En la misma línea, y poco después de la formalización de su candidatura, el sindicato mayoritario del Poder Judicial, la UEJN, emitió un comunicado apoyando sin reservas al magistrado. Julio Piumato, su secretario general, destacó la «valentía y compromiso con la defensa de los derechos humanos» de Lijo, y aseguró que, de ser designado, «honrará el cargo con una dedicación incansable y un firme compromiso con la construcción de una justicia acorde a las verdaderas necesidades del pueblo argentino», a lo que se suman sus «óptimas condiciones personales y morales». Por su parte, el otro sindicato judicial, el Sitraju, alineado con Cristina Fernández de Kirchner, ha mantenido hasta ahora un silencio significativo respecto a la postulación.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com
