La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, activó una serie de acciones judiciales contra distintos sindicatos luego del reciente paro nacional. Apenas finalizada la medida de fuerza, entre el 11 y el 15 de abril, su área presentó –a través de su operador jurídico de confianza– seis denuncias penales en Comodoro Py por los delitos de “atentado”, “extorsión” y “coacción” contra organizaciones gremiales. Según fuentes del ámbito judicial, podrían sumarse más denuncias en otras jurisdicciones del país. La intención, una vez más, parecería ser intimidar y disciplinar a quienes expresan su disconformidad con las políticas del presidente Javier Milei.
Las presentaciones estuvieron a cargo de Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad. El 11 de abril, apenas un día después de la protesta, Soto —quien también ejerce como abogado defensor de policías y exagentes implicados en casos de gatillo fácil— realizó las dos primeras denuncias. Una por “coacción” y “extorsión”, que recayó en el juzgado del magistrado Daniel Rafecas; y otra contra el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), por “amenazas” y “extorsión”, sorteada al juzgado federal Nº 12 actualmente subrogado por Ariel Lijo, el frustrado aspirante del oficialismo a la Corte Suprema.
La embestida continuó cuatro días más tarde. En esa oportunidad, Soto amplió las denuncias por “amenazas” y “extorsión” contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Unión Ferroviaria. Estas causas quedaron distribuidas entre los juzgados Nº 12 (a cargo de Lijo como subrogante), el Nº 4 (donde Lijo es titular) y el Nº 2, bajo la órbita del juez Sebastián Ramos.
Bullrich ya había anticipado su plan contra los sindicatos durante el mismo día del paro, cuando declaró en Radio Mitre que el ministerio recibió “más de mil llamados” denunciando presuntos “aprietes” para adherirse a la medida. “Se saturó, tuvo más de mil llamados, el porcentaje más alto fue por extorsión, amenazas, así tuvimos un porcentaje grande”, aseguró. Añadió además que “hubo otro porcentaje grande de gente que llamó sin una denuncia concreta, pero acusando a los gremios de impedir que el país funcione”.
“Tuvimos más de mil denuncias y le pedimos perdón a la gente que llamó y los tuvimos en espera”, reiteró la ministra, quien también expresó que “la Argentina es retrógrada en instituciones sindicales que trabajan para ellos y en su propio interés”. El recurso de abrir líneas telefónicas para recibir denuncias ciudadanas ya había sido utilizado por el gobierno de Milei en otras ocasiones, principalmente para perseguir a organizaciones sociales.
Soto fue el autor de todas las denuncias presentadas en Comodoro Py contra los sindicatos. ¿Quién es este abogado que ocupa un rol clave dentro del ministerio? Se trata del responsable de formalizar las causas judiciales que el área de Seguridad impulsa. Por ejemplo, también presentó la denuncia penal contra la jueza porteña Karina Andrade, quien había ordenado liberar a las 114 personas detenidas arbitrariamente durante la manifestación de jubilados del 12 de marzo.
Esa denuncia —por “Prevaricato, Omisión de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento”— estuvo plagada de falsedades. Las afirmaciones de Soto y Bullrich en ese expediente expusieron un clima de excepción, similar a un estado de sitio encubierto, que el oficialismo parecería pretender imponer como normalidad. Esa lógica vuelve a aparecer en las acusaciones actuales contra los sindicatos, cuyo objetivo central parece ser desarticular cualquier forma de protesta gremial.
Soto se desempeña como una suerte de mano derecha de la ministra y al mismo tiempo, sin reservas, representa legalmente a policías y exuniformados acusados de delitos graves. Es, por ejemplo, abogado del exagente Luis Chocobar y defendió en juicio a tres efectivos condenados a prisión perpetua por el asesinato del joven Lucas González, uno de los casos más resonantes de violencia institucional en los últimos años. Desde su cargo actual, también promueve una interpretación ampliada de la “legítima defensa”, con la intención de beneficiar a sus defendidos dentro de las fuerzas de seguridad.
Durante la gestión de Bullrich en el macrismo, Soto ya había formado parte del ministerio. Fue defensor del prefecto Javier Pintos, imputado por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, y lo asistió en las primeras etapas del proceso judicial. También intervino en el caso Santiago Maldonado, representando al Ministerio de Seguridad, donde solicitó sin éxito el cambio de carátula del expediente que estaba clasificado como “desaparición forzada” tras el hallazgo del cuerpo.
Ahora, tras la protesta nacional, es él quien encabeza y firma las nuevas denuncias contra el movimiento sindical.
La Nueva Comuna