Desde el Instituto Patria dan por inminente un fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad, lo que impediría la candidatura de Cristina Kirchner y abriría la puerta a su encarcelamiento. La dirigencia peronista se declara en estado de «alerta y movilización».
El senador Oscar Parrilli llamó este viernes al diputado Eduardo Valdés para compartir la creciente inquietud que domina al Instituto Patria. El motivo: la certeza de que el próximo martes, en su reunión de acuerdos, la Corte Suprema emitirá un fallo que dejaría firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. En ese escenario, su detención sería inminente, y su candidatura, inviable.
La preocupación se refleja en la agitación con la que se comunican referentes legislativos, militantes y dirigentes del espacio. Las conversaciones ya no son sobre especulaciones políticas, sino sobre el temor concreto de una ofensiva judicial inminente. La reciente negativa del máximo tribunal a apartar al juez Ricardo Lorenzetti disipó el último obstáculo formal. En el Instituto Patria aseguran que no hay canales de diálogo abiertos con la Corte.
Aunque el tribunal suele modificar sus tiempos si detecta presión pública sobre sus fallos, en el kirchnerismo creen que la resolución está a días de concretarse. Si el veredicto se publica antes del 19 de julio, Cristina quedaría automáticamente excluida de la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, donde su candidatura a diputada se proyectaba con alta competitividad en la Tercera Sección, clave en el mapa bonaerense.
Un camarista reconoció a LPO que hay presiones concretas desde sectores de poder para asegurar la prisión de la ex presidenta. Este panorama, ya advertido durante el tratamiento del frustrado proyecto de Ficha Limpia, confirma que el Poder Judicial no actúa en un vacío institucional. “En Argentina nunca es un buen momento para fallar —concedió un juez federal—, porque siempre estamos en campaña. Pero eso no detiene la presión para avanzar ahora”.
Ante esta situación, el oficialismo evalúa una respuesta en las calles. Sergio Palazzo, diputado nacional y dirigente bancario, afirmó que “la ciudadanía debe expresarse para rechazar maniobras discrecionales que buscan limitar quiénes pueden participar del proceso democrático y quiénes no”. En el bloque peronista se repite una consigna: alerta y movilización.
Una fuente judicial cercana a la ex presidenta sostuvo que ella había anticipado este escenario. “Cristina sabía que en cualquier momento podían apretar ‘enter’ y cerrar el caso”, explicó, en referencia a sus recientes declaraciones donde cuestionó duramente el rol de la Corte y la acusó de actuar como «una guardia pretoriana del poder».
Mientras tanto, todo el arco político analiza las consecuencias de un fallo de esta magnitud. Algunos dentro del peronismo creen que una medida así podría unificar temporalmente a un espacio fragmentado, al tiempo que colocaría al oficialismo frente a un fuerte cuestionamiento internacional.
“De la Rúa mandó preso a Menem para tapar el ajuste y fue inútil”, recordó un veterano dirigente justicialista. “En Brasil pasó algo similar con Lula: lo encarcelaron, lo proscribieron, y terminó volviendo con más fuerza”.
Desde otra ala del peronismo, la posible detención de Cristina es descrita como “una bomba neutrónica” para el sistema político. Por otro lado, para el gobierno de Milei, eliminar a la principal referente opositora podría traducirse en una victoria táctica en la Tercera Sección Electoral, donde Cristina concentra buena parte de su caudal político.
En el peronismo se interpreta este proceso como una forma encubierta de proscripción. Esa es la razón por la cual hasta figuras de la oposición, como algunos diputados del PRO, insisten en que “a Cristina hay que ganarle en las urnas, no proscribirla vía tribunales”.
Un fallo condenatorio en medio del calendario electoral rompería con la tradición del tribunal de no interferir con derechos políticos fundamentales durante los comicios. Sin embargo, las opciones jurídicas están abiertas: la Corte puede evitar intervenir mediante el artículo 280 del Código Procesal y dejar firme la condena, o aceptar los recursos de queja y ratificar la sentencia. También podría tomar el recurso de la fiscalía, que solicita duplicar la pena por asociación ilícita, lo que alargaría los tiempos judiciales, pero mantendría la amenaza latente.
Sea cual sea el camino, el clima político ya está cargado. El peronismo lo vive como una nueva etapa de confrontación entre poderes, donde el Ejecutivo aparece alineado con sectores del Judicial para definir el mapa electoral por fuera del voto popular.
La Nueva Comuna