Mar del Plata – La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, con sede en Mar del Plata, falló a favor de la apelación presentada por la Municipalidad de Necochea en el caso de la Tasa Portuaria. En consecuencia, se revocó la sentencia previa y se rechazó la pretensión declarativa de certeza interpuesta por las empresas exportadoras.
La aprobación
En febrero de 2015, el Concejo Deliberante de Necochea aprobó la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la red Vial Urbana, conocida popularmente como Tasa Portuaria. Eran épocas en que la flamante alianza Cambiemos tenía aspiraciones de ganar la intendencia local y se daba cuenta que iba a necesitar una caja porque las cuentas no cerraban. Por eso sus concejales fueron fervientes proponentes y defensores de la iniciativa: Pablo Aued y Arturo Rojas así lo hacían saber a la prensa.
Incluso la propuesta trajo (y traerá nuevamente) confusión en todo el entramado político, gremial y empresarial. Así lo hacía saber el concejal Aued en 2015.
La derogación
Duró poco el entusiasmo de los Cambiemitas locales. Desde la conducción del macrismo se bajó una línea clara: la Tasa Portuaria no va más. Y así lo hicieron: la mayoría del HCD votó por la derogación del gravamen. También desde el Directorio de Puerto Quequén conducido por Arturo Rojas se suprimieron 23 tasas «en busca de mayor competitividad y eficiencia».
El portal Letra P resumió en unas líneas lo que pasó a continuación: «Lo paradójico es que el propio Rojas, una vez al frente del Consorcio del puerto, siguió en su cargo de concejal. … Como fuera, Rojas pasó de ser un leal defensor de la tasa portuaria a uno de sus detractores. El impuesto en sí lo debían pagar los exportadores por utilizar las arterias de llegada al puerto, pero el tributo nunca se cobró, pese a que se presupuestaba en diferentes presupuesto municipales. Los empresarios fueron a la Justicia para evitar el pago de ese tributo y perdieron en primera instancia. De esa masa de dinero que iba a ingresar, una porción iba a ir también para el Hospital de Quequén, que jamás recibió un centavo del canon por el tránsito que debían pagar los exportadores».
Pelea por la cobranza
A pesar de su vigencia por unos cuantos meses, las exportadoras nunca pagaron este tributo. En agosto de 2017, durante la gestión del intendente Facundo López, el municipio embargó las cuentas de 36 empresas para cobrar $81.000.000 en concepto de lo adeudado. A pesar de la judicialización, el municipio había logrado que algunas empresas se pongan al día.
“Teníamos una tasa y tuvimos que derogarla por orden de la Provincia y del actual candidato oponente local. Él (Rojas) es responsable de que no nos hayan permitido que pudiéramos cobrarle a las exportadoras y que Necochea pueda cambiar su rumbo económico. No puede desligarse de culpas” había expresado el entonces intendente Facundo López en plena campaña electoral del año 2019.
Causa hiper-judicializada
Las empresas afectadas que habían puesto el grito en el cielo desde un primer momento, propiciaron varias actuaciones judiciales reclamando la inconstitucionalidad de la tasa. En enero de 2020, la Cámara instó a la Municipalidad a abstenerse de iniciar procesos de apremio contra las empresas mientras se resolvía el caso. En julio de 2024 finalmente, el tribunal marplatense se expidió.
La Cámara dictaminó que la Tasa Portuaria no constituye un derecho a la exportación ni un obstáculo a las libertades comerciales, sino que está vinculada al mantenimiento de la red vial urbana. Según el fallo, es razonable que el municipio imponga esta tasa a quienes transportan cargas de gran porte debido al deterioro que causan en las vías.
El fallo sostiene que la tasa se justifica como una retribución por un servicio efectivo e individualizado prestado por la Municipalidad de Necochea. Además, afirma que la tasa no impide el ingreso de mercadería al Puerto Quequén, fortaleciendo la postura municipal.
Como en un tango endiablado, el tema de la Tasa Portuaria viene dando vueltas desde hace casi una década y demuestra que nada es lineal ni definitivo y todo es pasible de conversación. Lo que sí es seguro es que las empresas del campo se van a oponer con todos los recursos disponibles en este año 2024 donde gobierna Javier Milei, un ultra defensor de los intereses más poderosos en detrimento de los más débiles.
¿Y ahora?
Si bien se basó en la cuestión ambiental, en el municipio de Bahía Blanca una controversia similar se resolvió con una ley de la provincia, la Ley 12530 con fecha de promulgación del año 2000. La ley tuvo avances y vetos, incluso una vez ya puesta en marcha.
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0X84EUa0.html
- ARTICULO 1.- Establécese un Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental, a través del monitoreo y control de emisiones gaseosas y efluentes líquidos de origen industrial, cuyo ámbito de aplicación será el Polo Petroquímico y el Area Portuaria del distrito de Bahía Blanca.
- ARTICULO 13.- La Municipalidad de Bahía Blanca, conforme lo autoriza el artículo 74 del Decreto 1.741/96, podrá implementar una tasa municipal retributiva de los servicios de control y monitoreo de la calidad del ambiente que se crea por la presente y cuyo pago estará a cargo de las industrias alcanzadas por sus disposiciones.
- ARTICULO 14.- Aféctase a la financiación del presente programa el cincuenta (50%) por ciento de la tasa creada por el artículo 25 de la Ley 11.459, cuyo importe la Secretaría de Política Ambiental recauda en relación a las industrias alcanzadas por la presente.
La Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la red Vial Urbana o Tasa Portuaria, como quedó expuesto más arriba, ha sido objeto de mucha manipulación política en el flojo ámbito local.
Tal vez sea hora de que se trabaje en forma seria, que el tema sea tratado incluso desde la provincia y la legislatura provincial como en el caso de Bahía Blanca y se convierta en una normativa que defienda su legitimidad pero que no de lugar a interpretaciones capciosas o negociaciones de particulares que tienen la boca floja y bolsillos llenos de ansiedad.
Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
No entiendo porque el contribuyente local debe subsidiar esos costos en beneficio de toda la zona, sea Tandil o ciudades dentro del área de influencia. Pero no debiera ser usada para gastos generales, sino para el fin especifico que fue creada!