Durante el 2016 se registraron numerosas prácticas antisindicales
El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó un informe en el que da cuenta del panorama atravesado el presente año por los trabajadores y trabajadoras: represión y criminalización de la protesta social y prácticas discriminatorias de despidos de activistas y delegados son los aspectos más sobresalientes.
Según el informe publicado, durante el 2016 se registraron numerosas prácticas antisindicales, dentro de las cuales se encuentran las «distintas formas de criminalización y represión de la protesta social» y «el inicio de causas penales y la detención de activistas».
«Estamos hablando de represión violenta de manifestaciones», detalló Luis Campos, abogado del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, y apuntó como casos paradigmáticos a «la represión que sufrieron trabajadores de la industria del azúcar en la provincia de Jujuy, de la panificadora Bimbo en la provincia de Buenos Aires o de distintas administraciones públicas provinciales».
En cuanto al inicio de causas penales y la detención de activistas sindicales, Campos señaló como «el caso más conocido durante el tercer trimestre» a «la detención de trabajadores ambulantes en las provincias de Salta y Jujuy, así como también a «la orden de detención emitida contra el Secretario General de ATE y de la CTA de Río Negro, Rodolfo Aguiar».
Por último, el abogado brindó detalles acerca de «otro tipo de prácticas antisindicales» tales como «los despidos discriminatorios, los obstáculos impuestos a las negociaciones colectivas y las restricciones al derecho de huelga».
«Estas restricciones se dan en algunos casos por medio de la acción directa por parte de las patronales y, en otros, por la intervención del poder público del Estado, con algunos intentos legislativos tales como el que sucedió en el caso de la administración pública de Mendoza», puntualizó.