Zaffaroni preparó para Cristina una licuadora para la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La anunciada "democratización" del Poder Judicial será un paquete de proyectos que en días más enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento. Contemplará la creación de 3 nuevas cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Laboral, que actuarán como una tercera instancia previa a la Corte Suprema. Además, se regularán las medidas cautelares. "Yo quiero en serio una Justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos. ¡Representación popular para la totalidad de los integrantes (del Consejo de la Magistratura)!", dijo la Presidente de la Nación. Los legisladores oficialistas estallaron en una ovación: licuar el poder de la Corte Suprema y acabar con el otrora orgullo de una Justicia independiente, parece una prioridad en el camino de la re-re.
"Este cambio de dinámica en el organismo de selección y remoción de jueces implicaría un cambio de lógica con dos efectos posibles: invertiría la ecuación de los radicales en el Consejo y habilitaría la recuperación, para el organismo, de facultades que en los últimos años fue absorbiendo la Corte, entre ellas el manejo presupuestario, denunciado por el camarista Alejandro Slokar como método de «cooptación» y prebendario en el encuentro de esta semana de «Justicia legítima»."
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Desde el inicio del año judicial, el Ejecutivo Nacional y sus simpatizantes, en especial en el periodismo, anticipan una embestida para reformar el Poder Judicial. De acuerdo a ellos, es un tema fundacional para 2013 (ya se sabe la debilidad del cristinismo por todo aquello que pueda ser considerado fundacional… ). Han insistido en que la necesidad de la reforma es la gran conclusión que extrajeron del año 2012, cuando ocurrieron varios percances:
> no se pudo ejecutar a Grupo Clarín,
> no se pudo modificar la liquidación de compensaciones a los jubilados que demandaron a la Administración Nacional de Seguridad Social, y
> no se pudo detener de inmediato la demanda de la Provincia de Córdoba, también por incorrecta liquidación de la ANSeS.
Luego, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, promovió una serie de reuniones destinadas, en teoría, a darle contenido y lograr apoyos para el proyecto de reforma en marcha. Se denominó a ese foro adicto, Justicia Legítima.
El viernes 011/03, la Presidente de la Nación formalizó la idea para acabar con la independencia de una Corte Suprema cuyos integrantes eligieron, en su mayoría, entre su marido Néstor y ella misma, y cuya supuesta autonomía fue motivo de reiterado beneplácito de parte de ambos… hasta que ocurrió el caso Clarín…
«Tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento, durante el mes de marzo», anunció la Presidenta mientras la cámara de la televisión pública enfocaba, para la cadena nacional de radio y TV, el rostro adusto del titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
Cristina Fernández de Kirchner ya había manifestado que la Argentina es «un país modelo» en derechos humanos y celebrado la reforma de los Códigos Civil y Penal -todavía no concluída y en un proceso con algunas dificultades-, aunque advirtió que luego de 10 años de Frente para la Victoria, el Poder Judicial era el único que no había pasado por una etapa de modernización.
El primero de los proyectos que presentó es una reforma del Consejo de la Magistratura que contemple que «la totalidad de los miembros sean elegidos directamente por el pueblo» (?) y aumente la representación de «académicos y científicos» entre los consejeros.
«Ni los jueces ni los abogados tienen coronita para elegirse entre ellos», manifestó la Presidenta, en nombre de un mal entendido "poder popular".
En otra propuesta, el Ejecutivo intentará crear Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso y Administrativo y Previsional y Laboral, repitiendo el modelo ejecutado en el ámbito penal para alivianar el trabajo de la Corte Suprema y tener una 3ra. instancia previa a que un pleito llegue al máximo tribunal.
Las medidas cautelares, que quedaron en el ojo de la tormenta a causa del juicio por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, serían limitadas en una reforma del Código Procesal.
Por último, presentó ideas complementarias:
> una ley que modifique los métodos de ingreso al Poder Judicial,
> otra de acceso a la información para acceder vía Internet al trabajo que realiza cada juzgado, y
> una que obligue a los magistrados a publicar sus declaraciones juradas.
Acerca del pago del Impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial, Cristina dijo: «Es una decisión que no corresponde al Poder Ejecutivo ni al Legislativo», sino a la Corte Suprema, ya que es una acordada la que dejó sin efecto una ley sancionada en 1996 que los obliga a tributar.
En el universo K, Irina Hauser es una periodista que sigue en forma permanente el mundo judicial según el particular enfoque de Eugenio Raúl Zaffaroni, el integrante de la Corte Suprema que todos consideran un referente indiscutido del proyecto de reforma expuesto por Cristina.
Zaffaroni ha teorizado en reiteradas ocasiones acerca de la necesidad de la reforma, en especial para quitarle tarea a la Corte Suprema, entre otras cuestiones. Más recientemente apareció la cuestión del exceso en las medidas cautelares, también un tema sobre el que explicó su punto de vista. Para la mayoría, Gils Carbó es solamente la vocero de las ideas de Zaffaroni que entusiasman a Cristina porque permiten encubrir en una reforma el inocultable objetivo de disciplinar al Poder Judicial.
Gils Carbó es secundada por otro cristinista, Alejandro Slokar, conviene recordar antes de ir al fragmento de lo que Hauser escribió en el paraestatal Página/12:
"(…) En Diputados preveían que los primeros proyectos ingresarán la semana que viene y que se apurará el tratamiento. La composición del Consejo de la Magistratura fue modificada en 2006, a raíz de una iniciativa de la propia Cristina Kirchner, entonces senadora. El organismo quedó con trece miembros (seis legisladores, un delegado del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico), pero hoy está paralizado por la capacidad de bloqueo del sector opositor, que incluye a magistrados y abogados, manejado por el radicalismo. A los consejeros de cada estamento los eligen las propias corporaciones, desde determinadas asociaciones: «los abogados se eligen entre ellos, los jueces se eligen entre ellos», ilustró la Presidenta. A los diputados y senadores, que sí surgen del voto popular, los asignan las cámaras. Según el proyecto de la mandataria los integrantes del Consejo tienen que ser «directamente elegidos por el pueblo. ¡Absolutamente ni los jueces ni los abogados tienen coronita!», dijo.
La sola idea de esta situación causó una revuelo ayer en Tribunales. Aunque aún no se conocen detalles, es difícil pensar en hacer ese tipo de elección sin que los candidatos queden asociados a fuerzas políticas, aun cuando la votación quede disociada de otras, nacionales, locales o parlamentarias. E inevitablemente todo deriva en una discusión sobre las implicancias de que a los propios jueces que anhelan ser consejeros, les financien su campaña. En la misma línea de la participación ciudadana, la Presidenta sostuvo que la Constitución en ningún lugar dice que los consejeros del ámbito académico o científico tienen que ser abogados, a pesar de que es la única especialidad designada. «Puede ser un médico, un contador, un economista, un ingeniero, puede ser un psicólogo, que además estaría muy bien porque le daría una perspectiva mucho más amplia al Consejo de la Magistratura», dijo la mandataria. El proyecto oficial, es evidente, tratará de garantizarlo. Este cambio de dinámica en el organismo de selección y remoción de jueces implicaría un cambio de lógica con dos efectos posibles: invertiría la ecuación de los radicales en el Consejo y habilitaría la recuperación, para el organismo, de facultades que en los últimos años fue absorbiendo la Corte, entre ellas el manejo presupuestario, denunciado por el camarista Alejandro Slokar como método de «cooptación» y prebendario en el encuentro de esta semana de «Justicia legítima».
(…) En los últimos tiempos se habla mucho del «control de constitucionalidad difuso», que permite que cualquier juez opine sobre la constitucionalidad de una ley. De momento, parece quedar descartada la opción de crear un tribunal constitucional que concentre esa tarea, según se desprende del discurso de ayer (viernes 01/03) que, sin embargo, rescató la función de la Cámara de Casación Penal, y propuso reproducirla en otros fueros para «aligerar las causas que suben a la Corte». La propuesta es crear una tercera instancia en tres ramas, con tres nuevas cámaras de Casación: Contencioso Administrativo; Civil y Comercial; Previsional y Laboral. En teoría, para el máximo tribunal, debería ser una buena noticia. De hecho, como dijo Lorenzetti esta semana, la política suprema es acotar cada vez más su campo de acción. No es que no intervendrían nunca, pero no lo harían ante cualquier recurso sino casi exclusivamente cuando haya que discutir cuestiones de constitucionalidad, al final del trayecto de un expediente. Se supone que este esquema debería descargar a la Corte, por ejemplo, de casos previsionales, que tramita de a miles. Es inédito en el mundo, dicen los entendidos, aunque hay países como Italia y Francia que lo aplican, no en todos los fueros.
(…) «También queremos democratizar el ingreso al sistema judicial. Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente acceda quien es ‘conocido de’ o ‘pariente de’. Todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que se establezcan está en condiciones (…) ingresar al Poder Judicial no puede ser un privilegio», proclamó Cristina Kirchner. En las últimas semanas se conocieron iniciativas dentro del propio sistema de justicia para instalar mecanismos de ingreso por concurso: ya lo implementó la Defensoría General y se discute en la Cámara del Crimen. En rigor, la Corte o el Consejo podrían directamente reformar el Reglamento para la Justicia Nacional y establecer una medida general de ingreso abierto por exámenes, pero no lo hicieron ni lo hacen. Es posible, así las cosas, que el Ejecutivo mande un proyecto. En cambio, la Presidenta advirtió que sólo los jueces supremos pueden revisar por qué no se aplica para el Poder Judicial la ley que obliga a todo el mundo por igual a pagar Impuesto a las Ganancias. Y algo similar, añadió, podría aplicarse a la publicidad de las declaraciones juradas. (…)".
