El remolcador de bandera paraguaya Papu Mar se hundió la semana pasada en las inmediaciones del kilómetro 77 del canal Paso Banco Chico, en pleno corredor fluvial Paraguay-Paraná. El incidente generó preocupación por el posible impacto ambiental —la embarcación transportaba combustible— y por la flexibilización de los controles derivada de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Desde el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Sinacora) señalaron que el siniestro es una consecuencia directa de la falta de fiscalización sobre la seguridad de navegación, tal como lo establece el Tratado de Navegación de la hidrovía. Según el gremio, la desregulación promovida por Milei permite que la flota paraguaya opere con sobrecarga sin cumplir con los estándares exigidos.
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Entre las medidas cuestionadas se encuentra un decreto que habilita a barcos con bandera extranjera a realizar operaciones de carga y descarga en puertos argentinos sin necesidad de pasar por controles previos. «Este es el modelo de la Marina Mercante que pretende Javier Milei: al servicio de los intereses de los empresarios y extranjeros, desestimando toda seguridad en la navegación», afirmó Mariano Vilar, titular de Sinacora.
La Prefectura Naval Argentina encabezó las tareas de rescate, que calificó como «dramáticas», y trasladó a los tripulantes hasta el puerto de La Plata. Sin embargo, el incidente tuvo repercusiones políticas en Paraguay. El presidente Santiago Peña destituyó por decreto a Patricio Ortega, entonces director de la Marina Mercante, y designó en su lugar a Ronald Zayas, por recomendación de Ramón Jiménez Gaona, dirigente cercano a Horacio Cartes.
Jiménez Gaona aprovechó el contexto para consolidar su peso en el Gobierno paraguayo, en coordinación con Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de quien depende la Marina Mercante. Ambos tienen vínculos previos, ya que Centurión trabajó en el Consorcio Gaona y Lima.
Desde la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), presidida por Julio César Vera Cáceres, se reconoció que no cuentan con atribuciones para controlar a los remolcadores. En tanto, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) prefirió no emitir declaraciones, buscando no complicar las negociaciones dentro del Comité Intergubernamental de la Hidrovía sobre el cobro del peaje argentino.
Las embarcaciones paraguayas no podían operar en puertos argentinos por tratarse de cabotaje, hasta el decreto de Milei
Fuentes de la Marina Mercante paraguaya atribuyeron las denuncias de Sinacora a una resistencia gremial frente a las reformas de Milei que afectan directamente al sector naviero. «Las embarcaciones con bandera paraguaya no podían tomar cargas en puertos argentinos por considerarse de cabotaje. Esto cambió con Milei y ahora esos puertos pueden operar con embarcaciones paraguayas y dejar el transporte vía camiones. Los argentinos admiten que no tienen la flota suficiente», comentó una fuente consultada.
Durante la gestión de Ortega, Paraguay había comenzado a avanzar en acuerdos con distintos actores de la Cuenca del Plata para fomentar el comercio fluvial. Una de sus últimas acciones fue reunirse con Alicia Azula, administradora del Puerto de Barranqueras (Chaco), con la intención de que barcos paraguayos comiencen a operar allí a partir de junio. No obstante, gremios y cámaras empresariales advierten que la competencia sería desleal, dado que los costos laborales e impositivos de las empresas paraguayas son considerablemente menores.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com