El escenario judicial del presidente Javier Milei se torna más complejo a raíz de nuevas resoluciones en las causas vinculadas al escándalo del token $LIBRA. Este jueves, la Cámara Federal porteña revocó una decisión de la jueza María Servini y permitió que tres damnificados, representados por Juan Grabois, se incorporen como querellantes en la causa que se tramita en Comodoro Py. Paralelamente, en la investigación que avanza en los tribunales de San Isidro, la jueza Sandra Arroyo Salgado ya había tomado una determinación similar días atrás.
Al ser reconocidos formalmente como querellantes, los afectados por la presunta estafa con el memecoin podrán acceder al expediente, solicitar medidas de prueba, presentar apelaciones y obstaculizar un eventual cierre de la causa si los fiscales decidieran archivar la investigación.
Los alcances de la querella
Este jueves, los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun aceptaron una apelación presentada por tres damnificados en el caso $LIBRA, en el que están implicados Milei y su hermana Karina, entre otros. De esta manera, anularon la resolución de Servini que había rechazado su participación como querellantes. Los tres perjudicados, cuyas identidades se mantienen en reserva (J.M, M.P y A.V), están representados legalmente por Grabois junto a los abogados Nicolás Rechanik y Carolina Palacin Roitbarg. A partir de ahora, tendrán la posibilidad de actuar como acusadores privados dentro del expediente.
Servini había denegado la solicitud bajo el argumento de que aún no se había configurado de manera clara un delito del cual los denunciantes pudieran ser considerados víctimas. Según su interpretación, la posible estafa no estaba debidamente establecida y quienes invirtieron en $LIBRA eran conscientes del riesgo financiero. Además, señaló que no había pruebas concretas de que los denunciantes hubieran sufrido pérdidas económicas. Sin embargo, la Cámara desestimó estos planteos y revocó su decisión tras una audiencia en la que participaron los abogados de los querellantes y los defensores de dos acusados, Mauricio Novelli y Sergio Morales, sindicados como nexos entre los impulsores del token y el gobierno.
Respecto a la discusión sobre la existencia o no de la estafa como condición para aceptar a los damnificados en el proceso, los camaristas señalaron que la posición de Servini era incorrecta: “El primero de esos fundamentos contrasta con reiterada jurisprudencia que el Tribunal ha sostenido ante discusiones de este tipo. Según aquella, el derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”, remarcaron.
En la misma línea, Farah, Boico e Irurzun enfatizaron que en el expediente “se impulsó investigar distintas hipótesis jurídicas sobre los hechos. Hechos que se habrían producido en diferentes ámbitos (públicos o privados), con eje medular en el desempeño de altas autoridades del poder central, con sede en esta Capital Federal”.
Las múltiples denuncias radicadas en Comodoro Py apuntan a que Milei habría contribuido a la estafa al promocionar públicamente el token $LIBRA en su cuenta de Twitter, lo que habría dado credibilidad y respaldo a la criptomoneda. En pocas horas, el activo digital alcanzó movimientos millonarios impulsados por la validación del mandatario, lo que generó grandes ganancias para sus creadores y pérdidas para miles de compradores.
En cuanto a la verificación de las pérdidas económicas de los querellantes, los jueces de Cámara subrayaron que “desde un principio y después aportaron elementos específicos (links informáticos, capturas de pantalla e incluso a través de una filmación que se exhibió en la audiencia oral ante esta Sala, mostrando el procedimiento de adquisición del criptoactivo y cómo queda constancia de aquél) que demostrarían su carácter de compradores. Las defensas no discutieron ese punto concreto ni se han expuesto razones para sostener mala fe o falta de veracidad de lo documentado”.
Ante esto, la Cámara concluyó que la apelación debía ser aceptada: “dentro de los límites que fija la discusión y la función revisora del Tribunal, la pretensión debe ser receptada favorablemente. Tal solución, se entiende, es impuesta por reiterada doctrina sobre la interpretación amplia que siempre se ha tenido a la hora de adjudicar legitimación activa (…)”.
Asimismo, los jueces advirtieron que, debido “al carácter particular y tecnológico de una temática eminentemente novedosa”, será necesario contar con “opiniones o informes con experticia técnica suficiente con relación a todo lo vinculado a la adquisición del ‘token’ y posterior acreditación de la operación, así como sobre la trazabilidad del dinero”. Esto busca establecer con mayor precisión si los querellantes realmente sufrieron perjuicio económico tras invertir en $LIBRA.
Reacciones y consecuencias políticas
Tras conocerse la decisión de la Cámara, Grabois celebró el fallo y calificó el caso $LIBRA como “una estafa a cielo abierto”. En un posteo en la red social X, el dirigente afirmó: “Estafa que hubiera sido imposible sin el tráfico de influencias de Karina Milei y el resto de los imputados. Los vamos a meter presos y van a tener que pagar centavo por centavo lo que le robaron a los argentinos”. Y agregó: “Por si no te diste cuenta, no son gente de bien. Son estafadores al servicio de los multimillonarios de aquí y sobre todo de EEUU. No son la Libertad, son la Plutocracia”.
Para el presidente Milei, la resolución judicial representa un duro golpe. En primer lugar, porque la Cámara le dio entidad a la posibilidad de que se haya cometido una estafa, tal como sostienen los denunciantes. En segundo término, porque al haber querellantes en el proceso, se dificulta un cierre rápido del expediente, dado que ellos podrán apelar eventuales decisiones judiciales que busquen archivar la investigación.
Como antecedente, se recuerda el caso de las visitas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, investigación que se cerró sin mayores avances porque no había querellantes que pudieran cuestionar la decisión del juez. En esta ocasión, la presencia de damnificados en el expediente $LIBRA impide que la causa se archive fácilmente.
Otro elemento que genera sospechas en torno a la causa es que uno de los hijos del fiscal Eduardo Taiano—quien lleva adelante la investigación con un ritmo considerado lento—fue designado en un cargo dentro del Poder Ejecutivo en 2023, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Además, la causa que tramita en San Isidro ya había incorporado querellantes y allí incluso se solicitaron medidas de prueba. En medio de este panorama, sigue sin resolverse qué jurisdicción quedará a cargo de la investigación, ya que una persona no puede ser investigada dos veces por un mismo hecho. Arroyo Salgado solicitó a Servini que decline su competencia y le transfiera el expediente, con el objetivo de unificar ambas investigaciones.
Qué jueza terminará a cargo del caso $LIBRA, que se ha convertido en una cuestión incómoda para Milei, es una incógnita que aún está por resolverse.
La Nueva Comuna
