Paolo Rocca, junto a su hermano Giancelice, es el segundo empresario más rico de Argentina con una fortuna de 3.700 millones de dólares, según la revista Forbes. Conduce el grupo Techint, un conglomerado industrial que produce acero, proyectos de ingeniería y construcción, salud, minería, petróleo y gas. Obtiene al año US$ 23.500 millones en ventas y emplea a más de 57.000 personas en todo el mundo.
Paolo es sin dudas un alquimista de los negocios al límite de la ley: transfirió en 2011 el domicilio fiscal de la empresa de las Islas Caimán a Luxemburgo; es decir, de un paraíso fiscal a otro. Tiene investigaciones judiciales en Brasil, Italia y Suiza por manejo irregular de dinero negro y una causa por contaminación contra Siderca por el manejo de sus residuos industriales.
La causa penal contra Siderca, se inicia a partir de una denuncia formulada en el Ministerio Público Fiscal Federal de Campana el 21 de marzo de 2007 por la ONG «Conciencia Ciudadana» que preside el abogado Lautaro Ríos. Se basó en unas fotografías, que dan cuenta de la existencia de un basural a cielo abierto, donde estaban depositando residuos industriales, en un predio lindero a su planta industrial que se llama «Potrero de Las Burras».
Como es en los hechos una denuncia contra Paolo Rocca, que es un intocable en Campana, el expediente fue prosperando de manera muy lenta. Se hicieron algunos allanamientos, toma de muestras de suelo y aguas y algunas tareas de inteligencia por parte de la Policía. Incluso intervino el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ante la presencia de cadmio por encima de los limites reglamentarios, recomendó un estudio epidemiológico que el juez de la causa Adrián González Charvay nunca ordenó.
El 13 de noviembre de 2008, el denunciante Juan Carlos Ríos informó al juez que directamente existe una laguna con residuos dentro del predio de Siderca, como resto de la desembocadura natural del arroyo de la Cruz, que fue moficado por Siderca. Ríos explicó que esa zona «terminó siendo adoptada por la empresa como el lugar donde desembocan todos sus afluentes líquidos, sin tratamiento alguno. Todas las aguas residuales de la producción industrial de la empresa se vuelcan en ese lugar».
Otras irregularidades se vieron con Google hearthque registró una salida de esos líquidos hacia el rio Paraná. Más otra denuncia por el venteo de los humos de acería que no son colectados y, por ende, son emitidos a la atmosfera sin tratamiento.
El vuelco más importante en la investigación se produjo el 4 de diciembre de 2018 cuando se obtuvieron los resultados de las pericias de las muestras del suelo de Siderca en la laguna, donde la División de Ensayos y Análisis Pericial de la Policía Federal detectó la presencia de hidrocarburos.
Casi dos años después, el 26 de noviembre de 2020, el juez Adrián González Charvay le pidió a la Dirección General pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le informe si cuenta con ingenieros y licenciados en química con especialidad en contaminación para evaluar los resultados.
Si las pruebas siguen avanzando, se podrían confirmar las sospechas de la comunidad de Campana sobre la grave contaminación ambiental que provocaría Siderca, especialmente por el alto índice de casos de cáncer que se registra en la población.
Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no llegaron respuestas sobre las pericias que indican contaminación. Ocurre lo mismo que en todas las causas judiciales que involucran a Paolo Rocca: avanzan de forma espasmódica y después mágicamente quedan congeladas en algún armario de tribunales.
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Publicado en lanuevacomuna.com