El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, pidió la detención y citación a indagatoria de diez militares acusados de haber infligido tormentos a tres soldados conscriptos, en el marco de una investigación que busca esclarecer las responsabilidades de las autoridades militares en las Islas Malvinas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto del Atlántico Sur. Las acusaciones se centran en los abusos sufridos por jóvenes que cumplían con el Servicio Militar Obligatorio.
Los acusados en esta nueva presentación ocuparon cargos de liderazgo en la Brigada de Infantería III y el Regimiento de Infantería 4, además de otros roles dentro de la cadena de mando. Entre las acusaciones, se destaca su participación en las torturas de tres víctimas, que incluyen métodos de castigo severos.
Rapoport subrayó que estos actos “no fueron incidentes aislados ni motivados por decisiones individuales de los perpetradores”. Añadió que “las torturas en Malvinas fueron parte de una práctica sistemática empleada por las autoridades militares para ‘controlar’ los problemas derivados de la falta de provisiones y abrigo entre la tropa”. También destacó que la privación deliberada de alimentos fue un factor que provocó la muerte de varios soldados.
El fiscal sostuvo que los crímenes mencionados en esta causa no sólo tuvieron ejecutores directos, sino también superiores que ordenaron y facilitaron las condiciones para que ocurrieran.
Según los documentos presentados por la fiscalía, los altos mandos militares en las islas autorizaron y ejecutaron torturas contra numerosos soldados conscriptos, entre las que se incluyen los “estaqueamientos” y “enterramientos”, junto con otras prácticas brutales, como el maltrato dirigido a soldados con apellidos judíos.
La investigación, que se inició en 2006, no ha avanzado desde mayo de 2021, cuando un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que hechos similares no constituían crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptos. Esta resolución fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y los querellantes ante la Corte Suprema, lo que llevó a la jueza Mariel Borruto a suspender la investigación hasta un nuevo pronunciamiento.
Los hechos
La presentación del fiscal Rapoport aborda dos episodios, con tres víctimas en total, ocurridos en Monte Kent y Monte de las Dos Hermanas, en la Isla Soledad, cerca de Puerto Argentino. En uno de los casos, dos soldados fueron castigados a fines de mayo de 1982 por quedarse dormidos durante un cambio de guardia, como resultado de la falta de comida y sueño. Ambos fueron estaqueados, atados por la espalda con brazos y piernas extendidos durante toda una noche.
El segundo incidente involucró a un soldado que denunció haber sido sometido a tratos crueles y discriminación por su origen indígena. Fue estaqueado sobre una roca, en condiciones extremas de frío, durante varias horas.
Con información de Fiscales
Publicado en lanuevacomuna.com
