La eliminación del sereno de buque por parte del Gobierno nacional ha desatado una gran preocupación en el sector, debido al aumento del riesgo de delitos y contrabando. Al mismo tiempo, un decreto desregulatorio ha abierto la puerta a millonarios negocios empresariales.
La desregulación del transporte marítimo impulsada por la administración de Javier Milei no solo ha generado un fuerte impacto en el ámbito laboral, sino que también ha encendido alarmas respecto a la seguridad en los buques.
El Decreto 37/2025 sobre «Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre» (REGINAVE) estableció la eliminación de los serenos de buques, otorgando la «libertad» de contratación de estos trabajadores encargados de la vigilancia general de las embarcaciones amarradas en puerto. Hasta la fecha, estos empleados cumplían un rol clave en el control de la carga y de las mercaderías depositadas en muelles, riberas y plazoletas.
A partir del pasado 20 de enero, por disposición del Gobierno nacional, la contratación de los serenos de buques de carga pasó a ser optativa. Esto ha generado una gran preocupación en distintos actores del sector, que advierten sobre el impacto en seguridad y control.
Buques sin serenos
El sereno de buque, auxiliar de la Prefectura Naval Argentina, es una figura histórica que data de 1904 y ha sido regulada a lo largo de diversas normativas del sector.
Entre sus funciones principales se encuentra el control del acceso al buque, la vigilancia de la carga y mercaderías, la detección y denuncia de derrames de líquidos, la prevención de delitos y la alerta ante intentos de contrabando. La Prefectura Naval supervisa sus tareas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Su eliminación implica una reducción en los controles y un incremento de los delitos, con una creciente preocupación sobre el posible aumento del tráfico de drogas y armas, especialmente en buques de bandera extranjera. El sereno es el único que tiene la potestad de revisar a quienes ingresan a las embarcaciones.
Además de los riesgos operativos y de seguridad, el decreto de Milei ha provocado la pérdida de más de 600 empleos en el sector portuario, un golpe significativo para la protección de los intereses nacionales.
Negocios y conexiones políticas
La medida desreguladora se inscribe en el marco del DNU 70/23 y de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. En sus considerandos, el Decreto 37/2025 argumenta que busca la «simplificación de los procedimientos, la reducción de las exigencias normativas y la eliminación de regulaciones innecesarias».
Asimismo, sostiene que la adecuación del marco reglamentario brindará «mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usu
La Nueva Comuna
