Una nueva protesta protagonizada por feriantes de La Salada terminó en enfrentamientos con la Policía Federal, que respondió con disparos de balas de goma. La movilización, que incluye un corte total en el acceso por Puente La Noria, se da en el contexto del cierre judicial del predio ferial, ubicado en Lomas de Zamora.
Desde temprano, trabajadores se concentraron en la intersección que conecta la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal, generando una interrupción total del tránsito. La medida fue tomada ante la falta de respuestas oficiales tras varios días de reclamos.
La feria La Salada no solo constituye un importante polo comercial del conurbano, sino que cumple un rol fundamental en la distribución de ropa accesible para las clases populares. Su producción y venta, canalizada a través de revendedores, abastece a gran parte del país, incluyendo zonas rurales y barrios periféricos donde no llegan las grandes marcas ni las cadenas tradicionales de indumentaria.
«Necesitamos todos trabajar. Que la Justicia investigue, pero que el juez y el fiscal levanten la clausura para que podamos volver a nuestros puestos», expresó Luis, uno de los puesteros del paseo de compras Urkupiña, en declaraciones al canal C5N. «Acá hay carreros, hay puesteros. Yo estoy en blanco como tantos otros compañeros», agregó.
Otra trabajadora, dueña de un local en la feria, enfatizó: «Somos contribuyentes, somos comerciantes, somos responsables inscriptos. Necesitamos que abran las fuentes de trabajo. Todo Budge se alimenta de La Salada. Estamos haciendo una olla popular porque los trabajadores no tienen qué comer», relató.
La clausura del predio se dio tras la detención de Jorge Omar Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, en el marco de una causa por supuesta asociación ilícita, evasión fiscal y lavado de dinero. También fue arrestado su hijo, Manuel, de 21 años.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, con la fiscalía de Cecilia Incardona. En total, se ejecutaron más de 60 allanamientos en ferias, viviendas, oficinas y depósitos vinculados a una estructura comercial acusada de maniobras de blanqueo de capitales y operaciones con sociedades fantasma.
Según fuentes de la investigación, se identificaron al menos 89 empresas y más de 160 personas implicadas en el circuito de presunto lavado de activos.
Mientras la causa judicial avanza, miles de familias que dependen económicamente de La Salada enfrentan una situación crítica. La protesta de este lunes refleja ese malestar creciente, que ya lleva varios días y amenaza con escalar si no hay una respuesta política.
La feria, con décadas de historia, cumple una función social clave: permite el acceso a ropa de bajo costo y genera ingresos para miles de revendedores, costureras, transportistas y pequeños comerciantes que forman parte de un circuito informal pero profundamente arraigado en la economía popular.
La Nueva Comuna