El gasto en publicidad de YPF alcanzó niveles sin precedentes desde su reestatización en 2012. En el primer trimestre de 2025, la petrolera de mayoría estatal ejecutó $32.617 millones en pauta oficial, un aumento del 55% respecto al mismo período del año anterior, cuando se destinaron $12.505 millones. La decisión fue articulada directamente por Santiago Caputo, el principal operador político y mediático del presidente Javier Milei.
Pese a haber prometido eliminar la publicidad oficial, el gobierno nacional no solo mantuvo la práctica, sino que la centralizó bajo un esquema de control férreo, canalizándola a través de empresas estatales como YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Estas compañías funcionan hoy como herramientas para financiar medios y comunicadores alineados con el discurso libertario. Cada pauta, según diversas fuentes, requiere el aval directo de Caputo.
Una ventaja para el oficialismo: al hacer pasar estos recursos por YPF, el Ejecutivo evita cumplir con los criterios de transparencia exigidos para el presupuesto público. La excusa es que se trata de «una sociedad anónima», aunque sus autoridades son designadas por el gobierno. Tal es el caso del vicepresidente Guillermo Garat, socio directo de Caputo y responsable de la distribución de la pauta en la petrolera.
Una caja millonaria para blindaje mediático
Durante el año 2024, el gasto en publicidad de YPF se disparó a $97.110 millones, frente a los $31.749 millones ejecutados en 2023. Es decir, el gasto se triplicó en un año atravesado por la campaña electoral y el desembarco de Milei en el poder. El desvío de fondos hacia propaganda partidaria ha generado un rojo financiero que deja en evidencia el uso político de una empresa clave del Estado.
Desde hace meses, Caputo y Garat evitan responder a los requerimientos judiciales sobre cómo y a quién se asigna esa publicidad. El único dato disponible surge del balance trimestral que, como empresa cotizante en Bolsa, YPF está obligada a publicar. Pero en otro gesto de opacidad institucional, el gobierno decidió que la información se difunda exclusivamente en inglés técnico, dificultando su interpretación y acceso ciudadano.
El detalle más alarmante es que, mientras la empresa multiplicaba su gasto en publicidad, registró pérdidas millonarias. El balance del primer trimestre de 2025 arrojó una pérdida neta de 10 millones de dólares. Un contraste brutal con los 657 millones de dólares de ganancia obtenidos durante el mismo período del año anterior.
La pauta que Milei prometió eliminar, pero usa como estructura de poder
El discurso de ajuste implacable que Milei predica en público choca de frente con esta realidad: la motosierra no tocó los fondos para propaganda. “Están gastando todo en la campaña”, confesó una fuente interna de la petrolera. La pauta no solo no fue recortada, sino que fue engrosada con discrecionalidad, opacidad y sentido de blindaje político.
El fallo judicial que obliga ahora a YPF a entregar información surgió a partir de una demanda del portal Chequeado. La empresa estatal se negaba a brindar los datos escudándose en su formato jurídico. Sin embargo, la justicia ordenó transparentar al menos parte del gasto.
Lo confirmado hasta ahora refuerza lo que los voceros del gobierno insisten en negar: no se eliminó la publicidad oficial, se la trianguló. En 2024, el gasto se incrementó un 40% en términos reales respecto al año anterior, y ya se sumó otro 55% de aumento solo en los primeros tres meses de 2025. Tan poco justificable es el desvío que el propio presidente de YPF, Horacio Marín, se niega a entregar a la justicia el detalle de las asignaciones.
El rubro “gastos operativos”, donde figura parte de la pauta, incluye desde insumos tecnológicos hasta contratos de sponsoreo y comunicación. Pero en los hechos, se convirtió en una de las principales cajas negras del aparato de propaganda oficialista.
Con información de Chequeado
La Nueva Comuna