El Consejo de la Magistratura exoneró a los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, de un posible juicio político, tras haber concedido al empresario Angelo Calcaterra el cambio de jurisdicción de su causa en la Causa Cuadernos hacia el fuero electoral. La defensa de Calcaterra argumentó que él figuraba en el expediente debido a contribuciones para la campaña del Frente Para la Victoria en 2015.
Con una votación de 11 contra 5, el organismo rechazó las denuncias de la ONG Será Justicia, dirigida por la ex titular de la UIF María Eugenia Talerico, y de los diputados Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, justificando la decisión con el argumento de que el Consejo «no está para evaluar el contenido de las decisiones judiciales».
Los expedientes surgieron porque los tres magistrados habían permitido el apartamiento de Calcaterra y su segundo, Javier Sánchez Caballero, bajo la premisa de que ninguno de los dos había pagado sobornos, sino que solo habían realizado aportes de campaña. Esta decisión contradijo el criterio del Tribunal Oral Federal N° 7, delegando la causa en el fuero electoral con el respaldo de María Servini.
Sin embargo, los jueces Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera desestimaron esta postura la semana pasada.
Una decisión de la Cámara Electoral vuelve a involucrar al primo de Macri en la causa Cuadernos.
Antes del debate en el Consejo, el juez Barroetaveña, miembro del organismo en representación de los magistrados, se retiró para no influir en la decisión de sus colegas. A su vez, el presidente del Consejo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se abstuvo de votar para evitar cualquier posible recusación si el asunto llegara a la Corte.
Entre los 11 consejeros que apoyaron a los jueces se encontraban Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo, Sebastián Amerio del Poder Ejecutivo, los abogados Jimena De la Torre, Fernanda Vázquez y Miguel Piedecasas, los jueces Alberto Lugones y Alejandra Provítola, los académicos Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi, y los legisladores Eduardo Vischi y Álvaro González.
Por otro lado, los consejeros Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Héctor Recalde, de tendencia peronista, votaron en contra. El senador Luis Juez y la diputada Roxana Reyes no estuvieron presentes.
De la Torre justificó la desestimación mediante la lectura de su voto, para ser lo más clara posible. «Es vergonzoso y extraño que tengan que leer el voto», comentó en voz baja otro consejero.
La abogada buscó la transparencia al detallar sus motivos en el voto: admitió «serias dudas iniciales» que resolvió «tras un análisis detallado». Aunque reconoció «la legítima demanda de justicia que experimentan los ciudadanos», argumentó: «Como miembros del Consejo, nuestro rol no es juzgar estos actos. Nuestra labor nos impide valorar el contenido de los fallos».
Además, citó a Manuel García-Mansilla, uno de los candidatos propuestos por el gobierno para la Corte, señalando que «el juicio político debe ser reservado a casos donde se pruebe intención dolosa».
Tailhade, por su parte, señaló que «la principal afrenta» era la negativa a abrir una investigación. «A Barroetaveña le conviene que se investigue», dijo, sugiriendo que el Consejo podría quedar ante la opinión pública como un organismo que «impide una indagación a fondo contra un colega».
Calcaterra había solicitado al tribunal que lo eximiera bajo el argumento de que se trataba de un «delito electoral», haciendo referencia a un precedente de tres empresarios implicados en la misma causa que fueron beneficiados por un fallo similar del juez Julián Ercolini. Tailhade, sin embargo, indicó que Calcaterra recurrió a esa estrategia tres años después de la resolución de Ercolini.
Además, resaltó que la Cámara Electoral desestimó el fallo de Casación por falta de pruebas que respalden los supuestos aportes de campaña de Calcaterra al kirchnerismo en 2015, y señaló la nota que el juez Germán Castelli, del TOF N° 7, envió a la Corte Suprema para advertir sobre «peculiaridades del caso que no responden a situaciones judiciales convencionales».
En este contexto, Tailhade afirmó que «existe una urgencia inexplicable para resolver esto». «Los jueces han facilitado que dos imputados eviten el juicio oral y público», concluyó.
Talerico expresó que «bajo el pretexto de que no se puede juzgar el contenido de las decisiones judiciales, se garantiza la impunidad y una conducta cuestionable de los jueces». Señaló que el Consejo «está influido por acuerdos político-judiciales para proteger a los magistrados que favorecen a ciertos sectores».
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
