Irregularidades en la Dirección de Escuelas de la provincia
Funcionarios de la cartera educativa bonaerense declararon ante la Justicia y aseguraron que se detectaron «irregularidades» entre casi 800 agentes docentes y no docentes. Además detalló que 107 personas fallecidas cobraban haberes o no habían sido dados de baja de la base de datos de esa cartera.
La Politica Online (La Plata) | 01.11.2012 23:29:00
El subsecretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Claudio Crissio, sostuvo ante la Justicia que fueron detectadas «inconsistencias e irregularidades» entre casi 800 agentes docentes y no docentes de la provincia así como 107 personas fallecidas que cobraban haberes o no habían sido dados de baja de la base de datos de esa cartera.
Así lo afirmó Crissio al declarar en calidad de testigo en la fiscalía 6 de La Plata a cargo de Marcelo Romero, en el marco de una causa abierta de oficio que investiga presuntos delitos cometidos con la asignación de horas extras, viáticos y contratos de personal en la cartera educativa.
Según la declaración, Crissio relató que al asumir la nueva gestión a cargo de Nora de Lucia se inició una evaluación de la base de datos de personal -77 mil empleados estatales y 350 mil docentes- frente al «descontrol» existente en el sistema de carga de datos de los agentes.
El funcionario precisó que se detectaron 107 personas fallecidas (24 no docentes y 83 docentes) a buena parte de los cuales se les habían seguido liquidando haberes entre 2006 y 2012 mientras que para los restantes existía «la posibilidad de que se les ingresara algún concepto».
En ese sentido puso como ejemplo el de un agente de personal gráfico fallecido en diciembre de 2008 que «aparece en la base de datos de personal con una liquidación correspondiente al mes de enero de 2009 en concepto de horas extra por un monto de 9600 pesos».
Según la declaración de Crissio, publicada por la agencia DIB, también se detectó un preso -detenido en octubre de 2007- al que «se liquidaron haberes entre enero y marzo de 2010 y luego a partir de abril de 2011 hasta que se detectó la irregularidad en septiembre de 2012».
Dijo también que una docente del distrito de Brandsen, con reposo de 14 días por enfermedad desde el 22 de junio de 2012, se encontraba de viaje «registrando salida el 24 de junio a España».
El funcionario sostuvo además que se detectaron 115 personas que percibían haberes sin respaldo del acto administrativo pertinente aunque aclaró que la situación fue saneada.
En cambio, dijo que se analizan los casos de «568 docentes» con presunta «incompatibilidad» en relación al Estatuto del Docente: algunos acumulan más de dos cargos titulares o más de 30 horas cátedra, otros tienen cargos superpuestos «o con imposibilidad por razones de distancia de cumplir el horario», mientras que también hay casos bajo la lupa por un presunto exceso de horas extra. «Detectamos casos de agentes que cobran entre horas extras hábiles y feriadas 278 horas, de las cuales 150 son hábiles y 128 feriadas», sostuvo Crissio. Precisó un caso de una docente cuya «cantidad de horas extras asignadas equivaldría a trabajar de lunes a viernes siete horas más además de la jornada laboral y 16 horas todos los sábados y domingos del mes». Indicó también que hay «97 agentes que cobran horas extras por más de una dirección».
La declaración de Crissio se suma a las de otros dos funcionarios de Educación que declararon en los días previos. Con estos datos, y por tratarse de delitos contra la administración pública, el fiscal Romero podría enviar en las próximas horas las actuaciones a la Fiscalía General para determinar si la causa pasa a la fiscalía especializada en Delitos Complejos o sigue en sus manos.
Crece la tensión con empleados
Mientras tanto, la situación con decenas de empleados de Educación sigue tensa. Tras una toma de diez días de la sede central –que culminó el 5 de octubre- ayer se sumó un nuevo episodio de violencia cuando unos 100 empleados administrativos irrumpieron alrededor de las 20 en el edificio reclamando la firma de un acta que garantizara el pago de horas extra que se cobran el segundo día hábil de cada mes y que, según versiones, no habían sido liquidadas. Los empleados increparon y amenazaron a varios funcionarios hasta que lograron que el propio Crissio firmara un acta acuerdo a mano que comprometía el pago.
En la declaración de hoy, el funcionario indicó que fue agredido a «empujones y golpes» y «coaccionado a firmar» y que la propia ministra De Lucia debió «refugiarse en un pequeño baño ubicado en la Sala de Asesores».
La delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), María Inés Uro, indicó que las autoridades de Educación «no cumplieron el acta firmada el 5 de octubre cuando levantamos la toma» y que «en vez de sentarnos a negociar como estaba previsto tenemos que reclamar todos los días para que puedan cobrar los compañeros». «Continuamente están tratando de recortar y se toman de las irregularidades detectadas para avanzar contra los empleados que cumplen en regla con su trabajo», indicó.
En ese sentido, ATE y los trabajadores autoconvocados de Educación realizaron hoy una asamblea donde definieron realizar una «retención de tareas» del miércoles al viernes que viene y «volver a formular un pedido para retomar la negociaciones».