Frente a un nuevo embate del Gobierno Nacional contra la producción, el empleo y el pueblo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las organizaciones sindicales y sociales de la provincia expresamos nuestro rechazo categórico y exigimos la inmediata reversión de las medidas adoptadas, que afectan de forma directa a la industria, los puestos de trabajo y la dignidad de miles de familias fueguinas.
En un contexto dominado por un modelo económico que sofoca a los sectores productivos y amenaza con desmantelar el aparato industrial, el Ejecutivo nacional ha anunciado esta semana un nuevo golpe a nuestra provincia, al suprimir aranceles sobre productos electrónicos y reducir impuestos internos a televisores y aires acondicionados.
Este paquete de disposiciones —que podría provocar la destrucción de más de la mitad del empleo industrial en Tierra del Fuego— responde a otra cesión del gobierno de Javier Milei ante las demandas del Fondo Monetario Internacional, en pos de sostener un programa económico inviable a costa del sacrificio de las mayorías.
Frente a esta avanzada, la clase trabajadora fueguina, representada por sindicatos, gremios y organizaciones populares, se declara en estado de alerta y movilización. Rechazamos este nuevo ataque de un gobierno que prioriza a una minoría privilegiada en detrimento del conjunto del pueblo.
Hoy decimos basta a un modelo que privilegia la especulación financiera y entrega nuestros recursos naturales al capital extranjero.
Las y los trabajadores de Tierra del Fuego reafirmamos nuestro compromiso con la historia de lucha del movimiento obrero. Desde siempre hemos resistido embestidas patronales y gubernamentales, enfrentado políticas neoliberales como las actuales, y padecido la represión de quienes prefieren el garrote antes que el diálogo, la persecución antes que la solución.
Ni siquiera en los momentos más difíciles hemos retrocedido. Y hoy, menos que nunca. Porque lo que está en riesgo es el porvenir de miles de familias fueguinas.
Hemos defendido la industria nacional, el trabajo y la generación de empleo digno; el acceso a la vivienda, a servicios esenciales, a la educación, a la salud y a la integración territorial. Hemos dicho presente en cada lucha del pueblo: de trabajadores activos, desocupados, jubilados y estudiantes.
Volvemos a advertir sobre la gravísima amenaza que se cierne sobre todos los que habitamos con orgullo esta tierra.
Este Gobierno Nacional ha venido a demoler derechos conquistados, como queda demostrado:
Al eliminar aranceles y reducir impuestos que protegían nuestra industria.
Al desfinanciar universidades públicas y paralizar la obra pública, afectando planes de vivienda, hospitales, escuelas y rutas.
Al reducir presupuestos de salud y educación.
Al avanzar con ajustes brutales incluso en medicamentos y vacunas.
Al negar la negociación colectiva e intentar imponer salarios de miseria.
Al aplicar el DNU 70/2023 y promover la Ley de Bases, instrumentos que buscan criminalizar la protesta, perseguir, reprimir y encarcelar a quienes piensan distinto.
Todo esto impulsado por un presidente que se declara admirador de Margaret Thatcher —la responsable del asesinato de nuestros compatriotas en Malvinas—, con una actitud entreguista que hipoteca el futuro, cede el control de nuestros recursos estratégicos y renuncia a la soberanía nacional.
Para llevar adelante este programa, cuenta con el aval de ciertos sectores de la dirigencia política, dispuestos a traicionar a sus votantes a cambio de mezquinos beneficios.
Aquí, en el confín austral de la patria, la clase trabajadora no será cómplice ni testigo pasivo de semejante atropello. Levantamos nuestras voces en defensa del derecho soberano de seguir habitando y construyendo el futuro en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Porque elegimos este lugar para vivir, porque estamos orgullosos de pertenecer a él, decimos, cantamos, gritamos:
¡La Patria no se vende! ¡Tierra del Fuego AIAS se defiende!
La Nueva Comuna