El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el lanzamiento de una licitación internacional para la gestión del Sistema Troncal de Navegación, conocido como la Hidrovía Paraná-Paraguay. Este corredor estratégico, por donde se moviliza el 80% de las exportaciones argentinas, quedaría en manos de operadores privados bajo un esquema de concesión a largo plazo.
Si bien se destacaron las promesas de modernización tecnológica y mejoras logísticas, el anuncio también genera preocupación por sus implicancias éticas y de soberanía nacional. La decisión de entregar la gestión de una vía navegable tan crucial a empresas privadas significa, para muchos sectores, una renuncia a la capacidad del Estado de ejercer control directo sobre un recurso natural esencial para el desarrollo del país.
Cuestiones éticas y estratégicas
Los recursos naturales, como los ríos navegables, no solo representan un activo económico, sino también una herramienta para garantizar la autonomía nacional. Diversos analistas y organizaciones han advertido que el control extranjero o privado sobre la Hidrovía podría derivar en decisiones operativas que prioricen intereses comerciales por encima de las necesidades estratégicas del país, incluyendo la lucha contra el contrabando, la defensa ambiental, y el desarrollo equitativo de las economías regionales.
En palabras de sectores críticos, «la privatización de la Hidrovía es un paso atrás en la construcción de una política soberana que reconozca el valor intrínseco de los bienes comunes». Estas preocupaciones éticas contrastan con los argumentos económicos, que suelen priorizar la eficiencia y la reducción de costos logísticos como justificación principal para la intervención privada.
Promesas de modernización
El gobierno asegura que las nuevas condiciones del contrato incluyen medidas para fortalecer los controles contra actividades ilícitas y para ampliar la capacidad logística de la vía. Entre las obras propuestas, se encuentran el dragado a mayor profundidad y la incorporación de sistemas de monitoreo avanzado. No obstante, estas mejoras técnicas estarán a cargo de los futuros concesionarios, en un esquema «a riesgo empresario», donde el Estado no pondrá fondos, pero tampoco conservará la totalidad del control sobre la operación.
La soberanía en debate
La decisión de delegar el manejo de la Hidrovía reabre un debate de fondo sobre el equilibrio entre eficiencia económica y soberanía nacional. Mientras sectores empresariales celebran lo que consideran un avance en la competitividad comercial, críticos subrayan que el Estado está cediendo terreno en la defensa de los intereses comunes.
Este dilema no es nuevo en la historia argentina, pero adquiere mayor relevancia en un contexto global donde las políticas extractivistas y privatizadoras han generado desigualdad y daños ambientales. La pregunta de fondo, entonces, es si un modelo de concesión privada puede garantizar el respeto a principios éticos y estratégicos que trascienden la lógica del mercado.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
