El Congreso de México aprobó la semana pasada una reforma constitucional relacionada con el sistema judicial, impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO, en la foto). Esta iniciativa representa un cambio profundo no solo para México, sino también para toda América Latina, donde los sistemas judiciales han actuado como defensores férreos de los intereses de los grupos de poder concentrado, las oligarquías nacionales y los intereses de Estados Unidos en la región.
Las modificaciones aprobadas por el parlamento incluyen la elección popular de todos los jueces federales, incluso la votación directa de los miembros de la Corte Suprema. Entre 2025 y 2027, se elegirán alrededor de 1,600 jueces, quienes ya no serán designados por el presidente ni ratificados por el Senado. De este modo, México se convertirá en el primer país del mundo donde los jueces supremos serán electos por la ciudadanía, una medida que ha causado gran malestar entre aquellos que han utilizado los tribunales para mantener los privilegios corporativos de las derechas regionales.
Además, se eliminará el Consejo de la Judicatura Federal (órgano similar al Consejo de la Magistratura en Argentina) y se crearán dos nuevas entidades para supervisar la labor judicial. Por un lado, una entidad de vigilancia administrativa, y por otro, un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de denunciar irregularidades ante la fiscalía y de impulsar juicios políticos que serán tratados por la Cámara de Diputados. La reforma también incluye una protección especial para los magistrados, quienes podrán actuar como “jueces anónimos, sin rostro”, en los casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Uno de los aspectos más criticados por la oposición es la elección directa de los magistrados por parte del electorado. No obstante, en Estados Unidos, treinta y nueve de sus estados (casi el 80 por ciento) eligen a sus jueces directamente, al igual que a los fiscales estatales y a los procuradores de distrito. En América Latina, solo Bolivia cuenta con un sistema de elección popular de jueces desde la reforma constitucional de 2009. Estas reformas han limitado las operaciones de criminalización política (lawfare) utilizadas por las élites locales.
La reforma impulsada por el oficialismo fue aprobada por el parlamento y requirió el respaldo de al menos la mitad de los 32 estados que conforman la federación mexicana. Hasta el último sábado, más del 60 por ciento de estas entidades estatales habían ratificado la reforma, lo que provocó el enfado de la oposición, integrada por el PRI, PRD, PAN, los medios de comunicación corporativos, los Think Tanks financiados por el Departamento de Estado y, directamente, la Embajada de Estados Unidos.
El diario británico Financial Times, una referencia del neoliberalismo global, reflejó las preocupaciones de la comunidad empresarial ante el posible impacto que la reforma podría tener en sectores como la minería, la energía y las telecomunicaciones, especialmente en cuanto a la protección del medio ambiente. Por su parte, The New York Times amplificó las advertencias de los embajadores extranjeros, quienes prevén una disminución de la inversión directa. Mientras tanto, The Washington Post sugirió que la independencia judicial podría verse comprometida, y los tribunales podrían volverse más politizados.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, uno de los políticos más respetados por la izquierda latinoamericana, logró sortear la toma violenta del recinto legislativo y celebró la sesión en una sede alterna, la Antigua Casona de Xicoténcatl, donde se aprobó la reforma constitucional. En la madrugada del 11 de septiembre, mientras los senadores del bloque oficialista conformado por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) recordaban el golpe militar de Pinochet y rendían homenaje a Salvador Allende, se alcanzó la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma. Tras la derrota de la oposición, los miembros de la Corte Suprema anunciaron la suspensión de su protesta.
El 15 de septiembre se celebra en México el Grito de Dolores, que conmemora el llamado de Miguel Hidalgo para liberar al país del dominio español. AMLO publicará ese día el contenido de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, quince días antes de entregar la presidencia a Claudia Sheinbaum. Es la primera vez en la historia de México que un presidente deja el cargo con un índice de aprobación cercano a dos tercios de la población. Según Fernández Noroña, este respaldo popular se debe a dos razones: la lealtad al pueblo y la decisión de confrontar a la oligarquía. Una lección que aprender.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com
