Las ocho localidades del Gran Rosario, donde se encuentran los 32 puertos que despachan el 80% de las exportaciones del país, han estado cobrando durante décadas una tasa de 10 mil pesos por camión, destinada al mantenimiento del pavimento, la limpieza y otros servicios.
Este tema ha generado repetidas controversias, y ahora el gobernador Maximiliano Pullaro, aprovechando el contexto político favorable, está decidido a retirar a los intendentes una fuente de ingresos que se estima ronda los 25 mil millones de pesos anuales.
Las empresas cerealeras siempre han manifestado su oposición a esta tasa municipal, argumentando que incrementa el costo logístico, ya elevado debido a la falta de inversión e infraestructura adecuada.
De hecho, señalan que los intendentes utilizan estos fondos para obras que no están relacionadas con los accesos a los puertos. Un ejemplo emblemático es la comuna de Timbúes, donde los kilómetros que separan la ruta de las terminales siguen siendo de ripio, sin que se haya implementado un plan de pavimentación, a pesar de que es una de las localidades más beneficiadas por la tasa vial debido al gran número de camiones que ingresan.
Sin embargo, las agroexportadoras ven con recelo el plan que impulsa Pullaro, que pretende aumentar el peaje de 10 mil a 25 mil pesos, con la idea de que el gobierno provincial recaude este monto y luego lo distribuya a las comunas en función de las obras certificadas, que deberán destinarse exclusivamente a mejorar los accesos a los puertos.
En el gobierno de Santa Fe se discute la implementación de una tarifa fija por camión, que permitiría a los vehículos descargar en cualquiera de los 32 puertos ubicados a lo largo del río Paraná, desde Arroyo Seco hasta Timbúes.
En primer lugar, las agroexportadoras rechazan el incremento del 150% en el impuesto, ya que incrementa los costos logísticos. Además, según informaron fuentes empresariales a LPO, temen que los intendentes y jefes comunales introduzcan una nueva tasa, como una «por contaminación ambiental», duplicando así la carga impositiva.
Los intendentes de las zonas portuarias dependen de estos ingresos para financiar gran parte de sus presupuestos y no están dispuestos a renunciar a ellos fácilmente. Por su parte, Pullaro sigue adelante con su plan y busca tomar el control.
«El gobernador debería sentarse con todas las partes involucradas para llegar a un acuerdo que ofrezca una solución definitiva al problema y no lo complique aún más», advirtió la misma fuente.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com