Un reciente testimonio ha puesto en una posición delicada a la jueza María Eugenia Capuchetti en relación con el daño al celular de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado en el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Aunque aún no se ha esclarecido cómo el teléfono quedó afectado en las primeras etapas de la investigación, una nueva declaración ha sembrado dudas sobre lo que sucedió con el dispositivo mientras estuvo bajo la custodia del juzgado. Juan Martín Mena, quien en ese momento era viceministro de Justicia, reveló que un secretario de la jueza le informó meses después del incidente que Capuchetti había solicitado que el teléfono fuera sacado de la caja de seguridad en su despacho y entregado a ella durante ese día crucial.
El teléfono fue posteriormente trasladado por la custodia de la jueza a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Ezeiza. Sin embargo, según el acta que documenta el hecho, el celular llegó en un sobre abierto, encendido y con un mensaje de alerta en la pantalla. Cuando los peritos intentaron acceder a la información del dispositivo, este se reinició a su configuración de fábrica, lo que impidió recuperar chats de WhatsApp y otros datos clave que podrían haber aportado pistas sobre el intento de magnicidio.
Mena, ahora ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, testificó recientemente ante la jueza María Servini, quien investiga cómo se produjo el daño en el celular de Sabag Montiel. Durante su declaración, Mena recordó una conversación que tuvo con el secretario Federico Clerc, quien le confesó que había retirado el celular de la caja fuerte a petición de la jueza Capuchetti antes de que este fuera enviado a la PSA. Este detalle, que no fue mencionado en la declaración anterior de Clerc, ha generado nuevas preguntas sobre la cadena de custodia del dispositivo.
Además de las declaraciones ya conocidas, otros testigos han sido citados nuevamente para esclarecer los eventos que llevaron al deterioro del celular. Entre ellos, se encuentran el secretario Leandro Noguera, quien acompañó el traslado del teléfono pero se bajó del vehículo antes de llegar a su destino, y el fiscal Eduardo Taiano, que asumió temporalmente la investigación. La jueza Servini también ha solicitado nuevos informes y peritajes para determinar si la alerta en el teléfono pudo haber sido provocada por un sistema de extracción de datos utilizado por la PSA.
Este testimonio ha reavivado la controversia sobre la manipulación del celular, un elemento crucial en la investigación del atentado contra la vicepresidenta, y ha puesto en el centro de la discusión la gestión de la jueza Capuchetti en el manejo de las pruebas más importantes del caso.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com
