María del Carmen Verdú, coordinadora de la organización contra la Represión Policial e Institucional, se pronunció sobre los recientes cambios legislativos.
En las últimas horas, el gobierno nacional liderado por Javier Milei estableció, mediante decreto, una nueva edad mínima para la portación de armas de fuego: 18 años. Este anuncio ha generado reacciones diversas, aunque para María del Carmen Verdú no resultó sorpresivo. En una entrevista concedida al programa “Punto de Vista” por Ecos Radio, expresó: “Esto era previsible, ya que Milei lo planteó durante su campaña. Su intención inicial era desregular completamente, pero al reconocer lo extremo de esa propuesta, se optó por permitir la adquisición legal desde los 18 años, lo cual sigue siendo un despropósito. Por supuesto, nos oponemos rotundamente”.
Riesgos de la portación de armas
Verdú abordó las posibles consecuencias sociales de esta medida, señalando que “la portación individual de armas solo fomenta un aumento de la violencia horizontal en la sociedad”. Citó ejemplos de tragedias evitables, como el caso reciente en Bahía Blanca, donde un hombre disparó accidentalmente a un familiar tras confundirlo con un intruso.
Más allá del decreto, Verdú advirtió sobre un riesgo mayor: la normalización de ciertas conductas violentas vinculadas al uso de armas de fuego. “Si alguien posee un arma, lo hace para usarla. Y si esto se impulsa mediante reformas legislativas, como la que tiene dictamen favorable en Diputados y redefine el artículo 34 del Código Penal, el peligro se incrementa. Estas modificaciones amplían los casos en los que un disparo —incluso a una persona que huye— no sería punible”, explicó.
Para la coordinadora, estas medidas legitiman la mal llamada “justicia por mano propia” y promueven prácticas como el “gatillo fácil”, tanto entre civiles como en las fuerzas de seguridad.
En defensa de los derechos humanos
Durante la entrevista, Verdú también habló sobre la labor de la organización que integra, enfocada en la defensa de los derechos humanos y la denuncia de políticas represivas de los distintos gobiernos. “Nos dedicamos a articular con otras organizaciones e instituciones comprometidas con los derechos humanos y la democracia. Nuestros esfuerzos están centrados en combatir prácticas como los fusilamientos por gatillo fácil, la represión en manifestaciones, los abusos en cárceles y las muertes bajo custodia policial”, concluyó.
La postura de Verdú y su organización deja en claro que estas decisiones gubernamentales no solo generan debate, sino también una fuerte preocupación por sus implicancias en la seguridad y los derechos fundamentales de la sociedad.
Con información de Ecos Diarios
Publicado en lanuevacomuna.com
