En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por permitir detenciones arbitrarias como la que derivó en el asesinato de Walter Bulacio a manos de la Policía Federal. Dos décadas después, el gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, reactiva mecanismos similares. Lo que antes fue declarado ilegal a nivel internacional, hoy se institucionaliza desde el Poder Ejecutivo. Es urgente frenar esta regresión autoritaria.
Una herida abierta
María Ramona Armas de Bulacio, abuela de Walter (fallecida en 2014), fue la cara visible de una lucha que marcó un hito en los derechos humanos del país. Hoy, las imágenes de Patricia Bullrich posando junto a efectivos de la misma fuerza que mató a su nieto reavivan el dolor y el reclamo por justicia.
Este martes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 383/2024, que introduce modificaciones al Estatuto de la Policía Federal Argentina. Con las firmas de Milei, Guillermo Francos y Bullrich, el Gobierno rediseñó las competencias de esa fuerza, habilitándola a realizar tareas que vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La nueva normativa faculta a la Policía Federal a realizar espionaje en redes sociales, requisar vehículos sin orden judicial, y detener personas por tiempo indeterminado bajo criterios tan amplios como que «hubiesen cometido o pudieren cometer» un delito. Todo sin intervención de jueces ni fiscales.
Incluso referentes de la derecha como Joaquín Morales Solá manifestaron su inquietud: lo describió como “demasiado vago y general” y advirtió que la modificación por decreto de cuestiones penales “sin pasar por el Congreso” atenta contra garantías básicas.
Reinstaurar la arbitrariedad
En Argentina, las detenciones sin causa clara son moneda corriente. No solo se violan libertades individuales, también se multiplican casos de tortura, robo, y causas penales sin pruebas reales. Según datos de la CORREPI, muchos de estos procedimientos han derivado en muertes bajo custodia o desapariciones forzadas.
El nuevo decreto no busca erradicar estos abusos, sino normalizarlos. Bullrich los envuelve en un discurso de “modernización” de la fuerza, pero en los hechos resucita viejas prácticas represivas.
Con la sola “presunción” de culpabilidad, cualquier persona puede ser privada de su libertad. Así se instala, por vía administrativa, lo que en el pasado se conoció como “portación de cara”: ser detenido simplemente por el aspecto, el barrio donde uno vive o cómo se viste.
Este cambio representa un retroceso legal: del derecho penal basado en hechos, se vuelve al “delito de autor”, donde se persigue lo que alguien es o podría llegar a ser, no lo que hizo.
Una historia que vuelve
Bullrich no ignora el precedente. En 2003, la Corte Interamericana dictó sentencia en el caso Bulacio vs. Argentina, una causa emblemática sobre el accionar ilegal de la Policía Federal durante la razzia de 1991 en el Club Obras, donde el joven Walter Bulacio fue detenido sin motivo, golpeado y asesinado. El Estado fue condenado por incumplir con normas mínimas de protección a la integridad, libertad y vida.
Aquella sentencia fue clara: “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. Además, el tribunal exigió al Estado tomar medidas legislativas para impedir que se repitieran hechos similares.
Nada de eso parece importar hoy. El Gobierno “libertario” vuelve a dar vía libre a la misma fuerza para ejercer poder punitivo sin control judicial. El riesgo de una repetición sistémica de casos como el de Bulacio se multiplica.
El Memorandum 40 y la impunidad como doctrina
Durante décadas, la Policía Federal operó bajo disposiciones internas como el Memorandum 40, que permitía detener menores por “averiguación de antecedentes” sin que mediara delito alguno. Esa normativa fue declarada inconstitucional luego del caso Bulacio. También existían los “edictos policiales”, un reglamento paralelo al Código Penal que habilitaba detenciones arbitrarias sin intervención judicial.
Aunque esas herramientas fueron derogados en los papeles, en la práctica las fuerzas policiales, tanto federales como porteñas, nunca abandonaron completamente esos métodos.
La Nueva Comuna