El Gobierno nacional impulsó una serie de medidas que facilitan el acceso a las armas de fuego: eliminó organismos de control, desfinanció los programas de concientización y redujo los impuestos a la adquisición. La aparición de casos de adolescentes armados en escuelas encendió las alarmas. Los datos oficiales y las decisiones del Ejecutivo explican el fenómeno.
Según el Ministerio de Seguridad, en el primer semestre de 2025 se emitieron 29.382 Credenciales de Legítimos Usuarios. En años previos las cifras fueron mayores: 68.243 en 2021, 85.552 en 2022, 79.173 en 2023 y 65.551 en 2024. Aunque los registros muestran que la compra de armas no creció durante los primeros meses de la gestión Milei, los nuevos decretos y resoluciones que flexibilizan su adquisición podrían modificar esa tendencia en los próximos meses.
Cómo se facilitó la compra de armas
A través de decretos y resoluciones, el Gobierno permitió la compra de armamento antes reservado a las fuerzas de seguridad, eliminó la tasa anual obligatoria para usuarios y extendió a cinco años la vigencia de las inscripciones. El Decreto 397/2025 habilitó a los legítimos usuarios a adquirir armas semiautomáticas con cargadores desmontables, similares a las de uso militar.
La Resolución 3/2025 creó además el trámite “CLU Digital”, que permite obtener la credencial de legítimo usuario de manera totalmente online, con un costo de $5.000 y una validez de cinco años. Paralelamente, se eliminó el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que financiaba campañas de concientización y prevención de accidentes con armas.
Con el Decreto 445/2025, el Ejecutivo dispuso la disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y su reemplazo por el Registro Nacional de Armas (RENAR), bajo control directo del Ministerio de Seguridad. El cambio implicó la pérdida de autonomía del organismo encargado de la fiscalización y el control del uso de armas en el país.
Reacción legislativa
Diputados de Unión por la Patria, encabezados por Eduardo Valdés, presentaron un proyecto de ley para revertir las medidas que liberan la venta de armas. En el texto advierten que el Ejecutivo “facilitó el acceso a armamento de mayor peligrosidad” y que la decisión representa “un retroceso en materia de seguridad y prevención del delito”.
Los legisladores recordaron que, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, entre 2017 y 2020 el 24% de los femicidios fueron cometidos con armas de fuego, y que el 95% de los perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad se realizaron con su arma reglamentaria, pero fuera del servicio.
El avance del mercado armamentístico civil, sumado al debilitamiento de los controles, genera preocupación en distintos sectores políticos y sociales, que advierten sobre el riesgo de una expansión del uso de armas en los sectores populares. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su política de “libre portación” con el argumento de ampliar la “libertad individual” de los ciudadanos.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com