Durante la gestión de Cambiemos, Gianfranco Macri, hermano del expresidente, controló el negocio de los parques eólicos a través de una sociedad radicada en Luxemburgo. Así lo evidenció una investigación periodística de Hugo Alconada Mon publicada en el diario La Nación.
De acuerdo al mencionado trabajo periodístico, la firma Lares Corporation SPF fue utilizada para controlar una estructura de cinco empresas, armada para actuar en la industria de las energías renovables. Este accionar, que se llevó a cabo gracias a las «bondades» fiscales que ofrece Luxemburgo, generó más que redituables ganancias a los Macri, que rondarían entre los US$ 69,2 millones en 2017.
Lares fue utilizada para operar dinero de la inversión y de la venta de los parques eólicos, pero según el Grupo Socma, la tributación corrió por parte de las sociedades locales Sidsel SA, Sideli SA y Usir Argentina, tres firmas que integran parte de la estructura que termina en Luxemburgo. Estas empresas tributaron -aseguraron- tanto por la venta de los parques eólicos como por los dividendos recibidos.
Por estas maniobras fiscales en la que está involucrado el grupo empresarial de la exfamilia presidencial, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga dos posibles delitos: negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública. Gianfranco Macri está imputado, no así el expresidente.
«El beneficiario final de Lares Corporation es Gianfranco Macri, según los registros oficiales que revisó LA NACION en alianza con el diario francés Le Monde y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) para el proyecto OpenLux. Aunque el negocio de los parques eólicos movió millones de dólares, los balances que Lares presentó en Luxemburgo dejan registros mínimos de esa inversión», afirma el artículo firmado por Alconada Mon.
Cuando se abocó a intervenir en la compra y venta de los parques eólicos, Socma estaba compuesta por Gianfranco Macri, su hermano Mariano y los hijos del entonces presidente Macri, que vendieron en 2018 su participación accionaria en la compañía a Gianfranco Macri, el principal imputado en la causa judicial que investiga la trama del negocio familiar.
Los Macri y el negocio de los parques eólicos
No es la primera vez que se involucra a los Macri en el negocio fraudulento de los parques eólicos. En enero de 2018 el diario Pérfil reveló que una de las empresas del Grupo Macri, Sideco Americana, realizó negocios millonarios gracias a la adquisición de seis parques eólicos, sin pasar por licitaciones públicas y gracias a la aprobación del Estado, que luego vendió con un jugoso margen de ganancia.
Según los documentos oficiales, por la primera tanda de parques, las firmas vinculadas a la familia Macri pagaron unos u$s25 millones. Sin embargo, esos parques le duraron poco: según los registros de 2017 de la compañía china Goldwind, los parques Loma Blanca I, II, III y VI y Miramar fueron adquiridos a Sideli y Sidsel en u$s43 millones y u$s12 millones, respectivamente.
Poco después, también lograron vender el parque eólico restante: Loma Blanca IV, a la firma Genneia, también asociada a Goldwind, a cambio de unos u$s40 millones. Es decir, según las estimaciones, las firmas ligadas a los Macri obtuvieron u$s95 millones por la compra-venta de parques eólicos sin licitación, frente a una inversión inicial de apenas u$s25 millones.
Fuentes allegadas a la compañía confirmaron que Gianfranco Macri declaró la tenencia de la firma en sus DD.JJ. impositivas, y explicaron que la ganancia otorgada por el negocio fue “mucho menor” que lo que se muestra, dado que debieron hacerse cargo de las deudas que Isolux mantenía para después revender los parques en un precio sensiblemente mayor al de compra.
Además, desde SOCMA rechazaron que exista cualquier tipo de irregularidad en torno a la compra-venta de los parques, y sostuvieron que está todo debidamente declarado y entregado al juzgado, en lo que entienden es una “causa sin sentido”, dado que se trata de un “negocio entre privados del que no participó el Estado”.
A raíz de esta situación, los diputados nacionales del FPV-PJ Rodolfo Tailhade y Martín Doñate denunciaron poco tiempo después ante la Justicia federal que funcionarios del por entonces gobierno nacional favorecieron de manera ilegal a sociedades vinculadas con el grupo económico de la familia del presidente de la Nación, en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos por los que obtuvieron ganancias de al menos 48 millones de dólares.
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