Luego de analizar la posición ventilada por el concejal “mandato cumplido” (que tanto respeto me merece) Enrique Elizalde en el artículo titulado “La tasa portuaria inviable” (Ecos Diarios de febrero de 2017), escribo algunos conceptos a fin de enriquecer aspectos del asunto y, fundamentalmente, expresar mi posición diametralmente opuesta a la allí vertida.

Más que fundar mi posición lo que voy a hacer es refundarla, dado que formé parte de la composición del HCD al momento de crearse la gabela, gravamen que contó con el aporte intelectual de la gran mayoría de bloques políticos del cuerpo.

“La Intendencia busca impedir operar por Puerto Quequén”. Lo indicó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), haciendo referencia a la medida judicial iniciada por el municipio de Necochea por el cobro de la denominada “tasa portuaria” a las exportadoras.

En diálogo con el programa “Voces de la Ciudad”, que se emite por LVQ Radio 99.9 Mhz. en FM, con la conducción de Jorge Gómez, el empresario explicó que “el viernes de la semana pasada algunas empresas empezaron a recibir algunas notificaciones judiciales porque el municipio de Necochea había pedido embargar todas las cuentas”.

En un comunicado de prensa temerario y falaz, las poderosas cámaras de la industria aceitera y de exportadores de cereales se niegan a pagar la Tasa Portuaria y anuncian que inician demanda judicial contra el municipio. Hay que decirlo con todas las letras: las empresas exportadoras le pasan por encima al criterio de «igualdad ante la ley», en una clara vulneración a los términos de la Constitución.

Facundo López: «En un contexto donde debatimos entre un modelo especulativo o productivo, esto es un fallo a favor del pueblo». El Jefe Comunal del distrito de Necochea se refirió al reciente fallo judicial que accede al embargo de 39 cuentas de exportadores sobre la tasa portuaria.

El Intendente de Necochea, Facundo Manuel López se refirió al fallo judicial que determina el embargo retroactivo por dos años del impago por parte de las grandes exportadoras sobre la tasa portuaria aprobada en el año 2015.