El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asignaba $100.000 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) fue emitido el 23 de julio, tras la decisión del Ejecutivo de disolver la AFI y reinstaurar la SIDE. Sin embargo, la oposición, conformada por el peronismo, la UCR y tres senadores del PRO, lo rechazó, anulando el decreto. Esta fue una nueva derrota para el gobierno de Javier Milei, que ya había sufrido la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario horas antes.
Este hecho es sin precedentes, ya que es la primera vez que el Congreso invalida un DNU desde la implementación de la ley en 2006 que regula este tipo de decretos.
La votación para anular el DNU obtuvo 49 votos a favor de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (con excepción de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, que se ausentaron), y tres senadores del PRO (Guadalupe Tagliaferri, Victoria Huala y Alfredo De Ángeli). El oficialismo solo reunió 11 votos, mientras que hubo dos abstenciones, de Martín Goerling y Andrea Cristina.
Esta derrota del Ejecutivo se sumó a otra sufrida en el Senado, donde se aprobó un proyecto que refuerza el presupuesto de las universidades públicas. Además, en la Cámara alta, se aprobó la Boleta Única, que ahora deberá volver a la Cámara de Diputados.
El Gobierno intentó evitar que el DNU llegara al recinto, proponiendo una sesión especial secreta para eliminarlo de la agenda. La estrategia fue planteada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una reunión liderada por el presidente Milei. Sin embargo, la falta de apoyo de la UCR dejó al Ejecutivo en minoría, y el DNU fue incluido en la sesión con el respaldo del kirchnerismo, logrando los dos tercios necesarios para su tratamiento.
El DNU, emitido el 23 de julio, otorgaba $100.000 millones en fondos reservados a la SIDE, que quedó bajo el control de Sergio Neiffert, quien es relacionado con Santiago Caputo, uno de los principales asesores de Milei.
El segundo golpe al gobierno fue la aprobación de la ley que aumenta el presupuesto para las universidades, incluyendo una mejora para el personal docente y no docente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esto tendrá un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, equivalentes al 0,14% del PBI.
El texto aprobado establece que el Ejecutivo deberá actualizar bimestralmente, desde enero hasta diciembre de 2024, los gastos de las universidades en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Aunque el Gobierno ya ha advertido que podría vetar la ley, como ocurrió con el aumento de las jubilaciones, lo que podría desencadenar nuevas manifestaciones.
En contraste, la única victoria del Gobierno fue la aprobación del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales. La votación fue de 39 votos a favor y 30 en contra. De convertirse en ley, se implementaría en las elecciones legislativas del próximo año.
El sistema de Boleta Única sigue el modelo de las provincias de Mendoza, Santa Fe y Córdoba, con algunas variantes. El Ministerio del Interior sería responsable de la impresión y distribución de las boletas a nivel nacional.
Este contexto legislativo muestra los desafíos que el gobierno de Milei deberá enfrentar en un Congreso cada vez más fragmentado.
Con información de Ámbito
Publicado en lanuevacomuna.com
