El homicidio alevoso de la esposa del desaparecido ex subcomisario y militante del ERP Fermín Albareda ha puesto en estado de máxima alerta a los organismos de Derechos Humanos de Córdoba. Además de expresar su profunda preocupación, han exigido medidas de seguridad para su hijo Fernando y su familia. Susana Beatriz Montoya, de 76 años, fue hallada muerta el viernes pasado en su hogar del barrio Ampliación Poeta Lugones, en el norte de la capital provincial; fue su hijo, Fernando Albareda, quien la encontró tras saltar la pared de una vecina. Allí se topó con un mensaje escalofriante: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
Fernando Albareda, militante de Hijos Córdoba, ha denunciado haber recibido amenazas en varias ocasiones, la más grave en diciembre pasado, poco después de asumir el gobierno actual. Además, en junio se produjo el robo del cartel de señalización del ex centro clandestino de detención Casa de Hidráulica, vinculado a su padre, y ahora enfrenta este brutal crimen con mensaje mafioso. Todo esto ha activado las alarmas más profundas en los organismos de Derechos Humanos de la provincia, que este domingo por la noche se pronunciaron de manera conjunta declarándose “consternados, preocupados y ocupados por el violento asesinato y las amenazas cobardes dirigidas a toda su familia, firmadas como «#Policía»».
El pronunciamiento de Hijos Córdoba, Familiares Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos por la Patria Grande, Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba exige a la Justicia de Córdoba y al poder Ejecutivo:
- La urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, así como de las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad.
- La seguridad y protección efectiva inmediata para Fernando Albareda y toda su familia.
En el contexto actual, los organismos señalaron que “los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción”.
En la misma línea, los diputados nacionales referenciados en el kirchnerismo Gabriela Estévez y Pablo Carro también solicitaron el esclarecimiento del caso.
Hermetismo
El caso fue asignado desde el primer momento al fiscal de Distrito 4 Turno 3, Juan Pablo Klinger, una figura rara en una justicia provincial fuertemente cuestionada. El funcionario es bien valorado desde distintos sectores, y fuentes ligadas a Tribunales destacan su “seriedad y compromiso”. Klinger ordenó cercar la zona, dispuso la realización de la autopsia y actualmente evalúa diversos elementos, como posibles grabaciones de cámaras de la cuadra y el dato llamativo de una custodia policial cercana, vinculada a un reciente caso resonante, que “no vio ni escuchó nada”.
La frase “no se descarta ninguna hipótesis” blinda por el momento el secreto de sumario de una investigación que tiene en estas horas su momento clave. Los datos de la autopsia desconciertan a los investigadores, dada la brutalidad del crimen, y lo que se plantea es un panorama abierto y de conclusión aún incierta.
En declaraciones públicas, Fernando señaló que acudió a la vivienda tras intentar comunicarse con su madre. Al llegar, encontró el inmueble con las persianas inusualmente bajas y el televisor encendido, sin signos de forzadura, y descartó el móvil del robo, aunque sí mencionó que su madre estaba muy preocupada porque se había divulgado públicamente la cifra indemnizatoria que debía cobrar por la desaparición de su esposo. También dejó una frase terminante: “Desde el advenimiento de la democracia para acá, al no haberse depurado las fuerzas policiales, sospecho de todos”, señaló a Canal 10 de los SRT.
El caso es seguido muy de cerca por el Gobierno provincial, que aún no se ha pronunciado públicamente; en todos los estamentos prima la consigna de cautela, ante la falta de certezas que se espera se vayan despejando conforme avance la investigación.
Albareda es trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, militante de Hijos y hasta diciembre impartía clases de Derechos Humanos en la Escuela de Policía. Meses atrás logró que se reparase el legajo de su padre desaparecido.
Habituado a las amenazas de distinto orden, fue precisamente en diciembre cuando se reportó una de las más graves: en la puerta de su casa encontró carteles escritos a mano con la leyenda “Se te terminaron los amigos en la Policía”, “Te vamos a juntar con tu papito”, “Vas a morir”. Cruces esvásticas y seis balas calibre 22 largo reforzaban el mensaje.
Con información de Tiempo Ar
Publicado en lanuevacomuna.com
