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OPINION: LA REVOLUCION DE… LAS TARIFAS por ITAI HAGMAN



Al final el remedio resultó ser mucho peor que la enfermedad 
Los trabajadores argentinos empiezan abril siendo un 16% más pobres que en noviembre de 2015. Incluso la Universidad Católica Argentina expuso en un informe publicado hoy que en los últimos cuatro meses 1,5 millón de ciudadanos se convirtieron en pobres producto del impacto de las medidas económicas. 
El cuarto mes del año no dará tregua para la mayoría de los argentinos, sino todo lo contrario. Con los últimos anuncios, de un día para el otro, la tarifa del tren aumentó un 150% y la del colectivo un 70%, la boleta de agua un 300% y el gas también un 300%. A estas subas que golpean fuerte en gastos sensibles se le añade el incremento en las naftas de 6%. La lista es larga, hasta el trámite para hacer el DNI se incrementó un 72%.
El gobierno pretende maquillar los aumentos, destaca por ejemplo en el caso del transporte la existencia de una tarifa social que ofrece un abono reducido a los sectores de menores ingresos. Lo que no dice es que esa tarifa ya existía y que producto del ajuste se incrementó en un 50%. Por ejemplo, en el caso de los colectivos esta cifra pasa de $1,80 a $2,70.
Lo cierto es que para abril la inflación en el AMBA ya parte de un piso de 3 puntos solo por el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Tras las subas de este mes los trabajadores habrán perdido más del 20% de su poder adquisitivo desde la asunción de Cambiemos. Los aumentos se dieron así: todos juntos y antes de las paritarias, sin importar en absoluto el golpazo al bolsillo de los argentinos.

Teniendo en cuenta la amenaza latente de los despidos y los acuerdos ya firmados, los incrementos salariales por paritarias no serán suficientes para compensar esta erosión del poder adquisitivo derivada de la aceleración inflacionaria. Según el índice de San Luis, que el director del INDEC Jorge Todesca tomó como referencia, la inflación interanual de febrero se ubica en 36%. Este índice no contempla los incrementos de tarifas en el AMBA, por lo que la inflación en esta región será aún mayor en los próximos meses.
Los efectos del alza de precios se hacen sentir en la actividad económica y consiguientemente en el empleo. La devaluación del peso de un 50% supuso una aceleración de la inflación que, combinada con el incremento de las tarifas de los servicios públicos, erosionó el poder adquisitivo de la población, lo que derivó lógicamente en una caída de la demanda y una consecuente baja de la producción. Si bien el INDEC “refundado” dejó de publicar datos podemos ver esta dinámica en indicadores privados. En febrero, según CAME las ventas minoristas cayeron 4,5% interanual, según ADEFA la producción automotriz lo hizo en 25,1% y según el grupo Construya de la Cámara Argentina de la Construcción, su actividad lo hizo en 2,3%. El derrotero de la actividad económica se potencia con un contexto internacional desfavorable y por la apertura comercial. Los efectos sobre el empleo ya se sienten.

Para marzo se contaban ya 107.000 despidos, según datos de la consultora Tendencias Económicas y Financieras. Aproximadamente el 30% se explica por los despidos en el sector público asociados al plan de reducción de personal y cierre de áreas en el Estado. Cuando los estatales fueron despedidos sin ninguna alternativa se arguyó que conseguirían trabajo en el sector privado. Sin embargo el 70% de los despidos en la era Macri son privados, dando cuenta que no solo no se recuperará empleo por esta vía sino que incluso es la mayor fuente de desempleo.
La pérdida de empleo continúa. Como se dio a conocer públicamente en la prensa el Sindicato de la Industria Lechera anunció suspensiones rotativas, SMATA negocia retiros voluntarios y diversos sectores como construcción, metalúrgicos, textiles, alimentación, frigoríficos y servicios registran suspensiones y despidos. A estos despidos producto del derrotero de la actividad económica se le suman los vinculados a la decisión deliberada del gobierno nacional de continuar reduciendo personal estatal. En los últimos días se registraron 250 en la Biblioteca Nacional, 150 en el Ministerio de Hacienda, 300 en el Ministerio de Trabajo, 73 en Cancillería, entre otros. A su vez, son nada menos que 24.000 puestos de trabajo los que están en riesgo por la finalización del plazo estipulado por el decreto 245/2015 para “revisar” las contrataciones de los últimos dos años.
En el medio de una aceleración inflacionaria inaudita, producto de la devaluación y el tarifazo, son miles los argentinos que están perdiendo su trabajo y quedándose sin ingresos. Prat Gay en enero dijo que había que moderar los reclamos salariales y ahora sabemos cual es la razón. El gobierno de Cambiemos considera que para bajar la inflación en el segundo semestre la clave es que bajen mucho los salarios en el primero. Si lo logran, el resultado va a ser que todos seremos más pobres que antes y encima nos van a decir que el plan económico fue un éxito. ¿Un éxito para quién? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con estas medidas?
Al final el remedio resultó ser mucho peor que la enfermedad.

ITAI HAGMAN / PATRIA GRANDE

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