crossorigin="anonymous">

ACTUALIDAD, ELECCIONES 2019, MEDIOS & REDES, OPINION

OPINION: CAMBIEMOS Y LA SOMBRA DEL NARCO por HORACIO VERBITSKY




La Sombra del narco

Luego de un mes de silencio el presidente Maurizio Macrì y la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal debieron responder sobre el lavado de dinero en el financiamiento de sus campañas en las dos últimas elecciones generales de 2015 y 2017. Lo hicieron al comprobar que no bastaba con señalar la denuncia como obra del kirchnerismo y cuando el malestar se extendía al interior de la alianza gobernante y comenzaban los desmarques en serie de quienes fueron implicados sin consulta previa.

La investigación periodística fue realizada con mínimos recursos: en un portal noticioso y en un ciclo audiovisual que se transmite en streaming porque las amenazas oficiales lo radiaron de un canal de cable, cuyos propietarios fueron detenidos. En contraste, la demorada respuesta oficial se organizó durante una semana con todos los medios técnicos y humanos a disposición del Poder Ejecutivo, y aun así resultó débil e inconvincente. Esto refleja tanto la gravedad de la crisis económica cuanto la profunda preocupación oficial por la sombra del narco que se proyecta sobre el financiamiento de las campañas electorales.

La investigación sobre el lavado de dinero en la campaña bonaerense de 2015 fue iniciada en El Destape, el portal de texto y videos que dirige Roberto Navarro, por Juan Amorín, un periodista que tenía 10 años cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner.

A partir de una primera denuncia, Amorín detectó otras personas que recibían planes sociales de subsistencia y que figuraban como aportantes de la campaña por la cual Graciela Ocaña y Esteban Bullrich fueron electos a la Legislatura bonaerense. Cada entrevistadx respondía que no había hecho ningún aporte e invitaba a conocer sus condiciones de vida, que tornaban evidente la superchería. Amorín comenzó a chequear entonces listados de aportantes registrados por la Cámara Nacional Electoral, con padrones de beneficiarios de planes sociales y encontró una coincidencia perfecta. A partir de allí avanzó en dos direcciones:

– Constató que ese esquema no se circunscribía al par de partidos del conurbano bonaerense en el que aparecieron los primeros casos, sino que se repetía en numerosos distritos de toda la provincia.

– Descubrió que, para simular una contribución partidaria, las víctimas figuraban como afiliadas al PRO, cosa que también era falsa.

– Con ayuda de periodistas de otros medios (como el platense Diagonales y el porteño Página/12) pudo establecer que también se había sustraído la identidad de los candidatos del partido del gobierno en casi todos los municipios de la provincia, perfeccionando en 2017 un método aplicado en la elección anterior.

– El esquema estaba tan regulado, que partido por partido se repitió la misma pauta: los candidatos a intendente figuraban con un aporte de 50.000 pesos, los aspirantes a concejales de 30.000 y a consejeros escolares de 12.000. Estos son valores a diciembre de 2015, equivalentes a 150.000, 90.000 y 36.000 pesos actuales, con una cotización del dólar que triplica la de entonces. Por cada lista los aportes ascendieron al medio millón de pesos de 2015. Con 81 municipios ya comprobados y varios en los que hubo más de una lista, esto supera los 40 millones de pesos sucios que fueron lavados en la campaña, que superan los 120 millones actuales. Ahora Amorín está cruzando la nómina de dos millones de monotributistas sociales y receptores de planes sociales con la de aportantes.

Maquillaje

La patética conferencia de prensa del presidente Maurizio Macrì fue anunciada con cinco días de antelación. Durante toda esa semana, el gobierno estuvo planificando como responder a la escandalosa situación. Llamó la atención el espeso maquillaje con que Macrì intentó tapar las llamativas ojeras que contradicen su impostado optimismo, que lo llevó a decir: “No nos está yendo mal”. Su puesta en escena fue precedida en cinco horas por otra de Vidal, cuyo mea culpa  fue una exigencia del Poder Ejecutivo para que la responsabilidad que legalmente corresponde a quienes ocupen la presidencia y la tesorería del partido en la provincia de Buenos Aires no recayera en el Presidente.

Muy a su disgusto, Vidal tuvo que decapitar a su principal colaboradora en esta operación, María Fernanda Inza, a quien apenas un día antes había puesto en funciones como contadora general de la provincia. Su mención a lagunas en la ley electoral que trataría de llenar con una reforma legislativa no atenuó el impacto, pero reforzó la idea de que no tenía respuestas congruentes que ofrecer. Nada en la ley vigente impide la bancarización de los aportes, y de hecho Unidad Ciudadana recibió 98 de cada 100 aportes por esa vía (menos de 400.000 pesos), exactamente al revés que Cambiemos. También son inversos los respectivos proyectos de ley. El del Poder Ejecutivo enviado de urgencia al Congreso admite los aportes de personas jurídicas, prohibido desde la reforma de 2009 (para lo que importa, empresas privadas) sin control previo o simultáneo, mientras Máximo Kirchner propuso prohibir también los aportes de personas físicas, restringir el financiamiento al Estado y reforzar los controles, incluyendo al Congreso. Tarde, pero preciso, el diario La Nación informó que PRO recibió en 2017 aportes por 155 millones de pesos, en su mayor parte proveniente de empresas y de sus directivos, lo cual supone una minuciosa ingeniería recaudatoria. “Las donaciones de compañías están permitidas para el desarrollo institucional de los partidos, pero están prohibidas en campañas electorales, aunque la línea suele ser difusa. La Justicia determinó el año pasado que los aportes registrados por el Pro durante 2015 habían sido utilizados para la campaña presidencial de Mauricio Macri, uno de los motivos de la jueza María Servini para no aprobar las cuentas electorales de Cambiemos” escribieron en ese diario Maia Jastreblansky e Iván Ruiz.

Vidal también dijo que había ordenado una auditoría (tarea que no le corresponde al Poder Ejecutivo y menos que menos al funcionario responsable del delito, sino a la Justicia) pero hasta hoy se ignora a quién se la encomendó y cómo la realizaría. Inza integra el círculo íntimo del poder macrista. Cuando el ahora Presidente era alcalde porteño, ella fue jefa de gabinete de la secretaría legal y técnica, que es el organismo que controla la legalidad de las decisiones que firma el jefe de gobierno. Con Vidal ocupó la Secretaría Legal y Técnica de la provincia y al mismo tiempo fue tesorera de la campaña de PRO en 2017, una acumulación de tareas a la cual tampoco obligaba la ley vigente. La diputada Graciela Oca también hizo su modesto aporte a la operación de maquillaje, invocando su compromiso con la transparencia. La mediática saltimbanqui aún no ha terminado de entender que esa imagen del pasado ha perdido toda credibilidad.

El peligro de las metáforas

En 24 horas, Macrì sumó la conferencia de prensa, una alocución ante la Bolsa de Comercio y un contacto en vivo por Instagram, donde se atuvo al manual Durán Barba: contó qué dibujitos veía con su hija menor, qué galletitas comía, si le gustaba más como bailaba Britney Spears o Shakira, cómo tomaba que lo llamaran Gato, si era feliz, si le gustaba ser Presidente y otros temas de igual relevancia para su futuro y el de la Nación. Marcos Peña Braun había dicho pocos días antes que estaban pensando cómo ganar las elecciones de 2019. Esta es una notable polarización con la realidad. El economista Horacio Rovelli comparó la situación con la de 2001, se preguntó por la intensidad de la resistencia social y dijo que, si se mantenía en los niveles recientes o se incrementaba, la única duda es si le permitiría al Presidente llegar hasta el helicóptero. Esta percepción generalizada es la que indujo a Macrì a exponerse ante las preguntas de la prensa, aunque sólo atinó a responder generalidades que a esta altura refuerzan la irritación. Ante la primera pregunta sobre el lavado de dinero oscuro en el financiamiento de la campaña dijo, lo mismo que Vidal, que promoverían la bancarización. Cuando otro periodista le señaló que la responsabilidad por los aportes en efectivo no era de la ley sino de Cambiemos, habló sobre la transparencia. Pero dejó sin contestación la curiosidad de un tercer periodista acerca del origen del dinero que no provino de quienes figuran como aportantes al PRO.

Su estilo para surfear los temas no es muy sutil. Por ejemplo:

Pregunta: ¿Cómo piensa bajar la inflación, que en seis meses alcanzó el total de lo previsto para el año?

Respuesta: La inflación es lo que más daño le causa al salario. Por eso estamos abocados a bajarla. El año próximo bajará más de 10 puntos.

Pregunta: ¿Cuál será el porcentaje del aumento de tarifas en el resto del año?

Respuesta: Esta no es una pregunta para mi sino para el ministro de Economía. Cuidamos el valor del salario, no podemos seguir endeudándonos para que lo paguen nuestros hijos y nietos. Hemos vuelto a producir energía en la Argentina.

Pregunta: ¿Se mantendrá el cronograma de disminución de las retenciones?

Respuesta: Necesitamos aumentar las exportaciones, porque esa es la manera de generar trabajo.

También dijo que se crearon 700,000 nuevos puestos de trabajo, lo cual motivó una contundente respuesta del economista Mariano Kestelboim.

Por el contrario, se perdieron 74.000 empleos industriales de calidad.

El Presidente también atribuyó la corrida cambiaria a “cosas que no dominamos que pueden pasar en el mundo”, pero pretendió que las enfrenta “cada día con mayor fortaleza”. Igual que Vidal, recurrió a imágenes hídricas. Macrì habló una y otra vez de tormenta, como si los problemas que enfrenta la economía fueran un azar meteorológico y no la consecuencia directa de las opciones asumidas por su gobierno. Nadie dejó de advertir su colosal acto fallido, cuando comenzó a decir que  ante la intensidad del fenómeno había arriado las banderas y a mitad de la palabra corrigió por velas. Esta oportuna enmienda no lo salvó del ridículo. Como escribe un lector navegante, “en una tormenta tratás de no bajar todas las velas. Necesitás una vela de capa para conservar el control y gobernar el barco, porque de otro modo quedás al garete y podés terminar en África, salvo que estés en una tempestad extrema y siempre que puedas navegar a palo seco. Y lo que hagas tenés que hacerlo antes de la tormenta, para no romper las velas y el barco”. El peligro de las metáforas elegidas a la ligera es que pueden ser más expresivas de lo pensado.

Consuelo de tontos

Más allá de las tonterías que planteó en la conferencia de prensa, Macrì debe rendir cuentas acerca de quiénes pagaron su campaña. La investigación de Amorín comenzó por unos pocos lugares de la provincia de Buenos Aires, el padrón electoral y los beneficiarios de planes sociales, pero luego se extendió a toda la provincia y a los candidatos del oficialismo. El próximo paso podrían ser las demás provincias y la detección de otros patrones de comportamiento, desarmando el ovillo de los big data, de los que el gobierno se apropió con el pretexto de llegar con precisión a los sectores sociales alcanzados por las distintas políticas públicas. A esto se suman el procesamiento del intendente de Paraná y la imputación a un concejal de PRO que ha acompañado al Presidente en encuentros nacionales de juventud. Tampoco en este caso la investigación fue llevada a cabo por un medio nacional de los más importantes, sino por una revista provincial Análisis, que dirige Daniel Enz.

También por lavado de dinero está procesada una diputada nacional oficialista que antes fue intendenta de Resistencia e integrante del gabinete de Macrì, Aída Ayala, cuyo desafuero fue pedido por una jueza especializada en el narcotráfico y que fue una de las visitantes del Papa Bergoglio en Roma, Zunilda Niremperger. El defensor de Ayala es Ricardo Gil Lavedra.

No es el periodismo el que está en crisis, sino los medios de comunicación, tanto los más grandes, que son utilizados como instrumentos para obtener ventajas del Estado en negocios más lucrativos, como en los menores, alimentados por la pauta oficial, que se distribuye a cambio de simpatía en la cobertura. El episodio de Paraná, cuyo intendente Sergio Varisco ha sido indagado por la justicia federal como financiador del transporte y comercialización de drogas, proyecta la sombra del narco.

Enz investiga desde hace años el vínculo entre Varisco y el narco detenido en 2016 Daniel Tavi Celis, quien creó un Movimiento Vecinalista del Oeste, MVO. En un libro de 2015, Los hijos del narco, sostiene que la relación de Varisco y Celis se remonta a 2010, cuando Varisco fue derrotado por la intendenta kirchnerista Blanca Osuna. De acuerdo con Enz, Celis aportó unos cinco millones de pesos a la campaña de Varisco, quien designó en cargos municipales a no menos de 150 personas señaladas por su benefactor, para que distribuyeran drogas en camiones de la intendencia. Siguiendo el hilo expuesto por Enz, en 2017 la Policía Federal secuestró centenares de kilos de marihuana cuando eran estibados de un avión a una camioneta y practicó dos decenas de detenciones, entre ellas la del chofer de campaña de Varisco, Cristian Silva. Sintiéndose traicionado, Celis implicó al intendente y a los funcionarios de seguridad del municipio, Ricardo Franks y Griselda Bordeira. En una grabación cuya reproducción en las redes sociales fue prohibida por la Justicia, uno de los abogados de Tavi amenaza a un alto funcionario de la intendencia y le dice que va a correr sangre, porque Celis puso mucho dinero en la campaña de Varisco. Incluso hay fotos en las que Varisco encabeza una caravana de campaña en una camioneta de Celis. Lo acompaña en la caja del vehículo Maurizio Macrì.

Otro imputado es el concejal Emanuel Gainza, de Cambiemos, quien pidió licencia por tiempo indefinido, cuya concesión o rechazo será decidida por el cuerpo el lunes 23 de julio. Gainza no es un mero concejal, sino la gran figura del neoliberalismo y el emprendedurismo entrerriano, presidente provincial y vicepresidente nacional de la Juventud de PRO y con acceso fluido al intendente Varisco, al presidente Macrì, a María Eugenia Vidal desde sus tiempos de vicejefa de gobierno de la Capital.

Gainza también se codeó con un alto número de ministros del gabinete nacional: Mario Quintana, Hernán Lombardi, Andrés Ibarra, Rogelio Frigerio, Guillermo Dietrich, Jorge Triaca, Carolina Stanley, según abundantes testimonios fotográficos.

Una vez detenido Celis, el negocio quedó a cargo de su pareja, Luciana Lemos. Una libreta que le secuestraron en un allanamiento detalla los pagos realizados por Varisco, Gainza, Bordeira y otros funcionarios, por la cocaína que luego comercializaban.

La UCR desafilió a Varisco, pero hasta ahora el PRO no se ha pronunciado sobre la situación de Gainza, como si la penetración del narco en el financiamiento de la política fuera una cuestión menor, o un mal de muchos.

EL COHETE A LA LUNA

PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM

PARA ZAFFARONI, HAY QUE PENSAR EN «UNA NUEVA CONSTITUCION»

CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA EMBELLECER LOS ESPACIOS PUBLICOS EN LA CIUDAD

Deja un comentario


Soporte Wordpress por Efemosse y Alipso
Verificado por MonsterInsights