Hace medio siglo, en Tucumán y bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, las Fuerzas Armadas desplegaron un esquema de persecución política, represión ilegal y aniquilación que luego se expandiría a todo el territorio nacional.
El Operativo Independencia, lanzado en febrero de 1975, fue una intervención militar con el propósito declarado de “aniquilar el accionar subversivo”. Respaldado por un decreto del Poder Ejecutivo, este operativo marcó el comienzo de una política estatal sistemática de violencia y persecución, que alcanzaría su punto máximo con el golpe de Estado de 1976. En octubre de ese mismo año, la orden de represión se extendió a toda la Argentina.
La acción represiva se caracterizó por la violación sistemática y masiva de los derechos humanos, con secuestros, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones y violencia sexual. Los grupos represivos dirigieron sus ataques contra militantes políticos y sociales, integrantes de organizaciones estudiantiles, sindicales y religiosas. Además, los trabajadores de los ingenios azucareros, eje central del movimiento gremial en la región, fueron especialmente perseguidos.
Uno de los aspectos más significativos del Operativo Independencia fue la implementación de centros clandestinos de detención como herramientas clave del aparato represivo. El primero de ellos, la Escuelita de Famaillá, se convirtió en un modelo que se replicaría en todo el país durante la dictadura. A partir de este esquema, se consolidó una red de al menos 814 centros de detención ilegal, donde el Estado aplicó prácticas sistemáticas de tortura, desaparición y exterminio. En este sentido, el Operativo Independencia no solo inauguró la represión ilegal y clandestina, sino que también sentó las bases de las estrategias represivas que luego se aplicarían a nivel nacional.
Pese a la contundencia de las pruebas y a las condenas judiciales, ciertos sectores aún reivindican el Operativo Independencia. Este tipo de discursos busca justificar y minimizar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes de lesa humanidad, al mismo tiempo que niega evidencias probadas en múltiples procesos judiciales. Pero, más allá de la negación histórica, este relato deshumaniza a determinados grupos sociales y amplía los márgenes de tolerancia a la violencia estatal en la actualidad. Al presentar la represión ilegal como una acción legítima, se pone en riesgo a sectores que hoy se encuentran en conflicto con el poder.
Desde el ámbito judicial, los crímenes cometidos en el marco del Operativo Independencia fueron investigados y juzgados en dos instancias, con 270 casos analizados y 18 condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los crímenes comprobados se incluyen desapariciones forzadas, tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad, violencia sexual y homicidios. Los tribunales determinaron que estas violaciones a los derechos humanos respondieron a un plan sistemático de aniquilación, con una responsabilidad directa del Estado en su ejecución.
La lucha por la justicia continúa. El próximo 17 de febrero comenzará el juicio “La Fronterita”, que investigará crímenes perpetrados en un centro clandestino de detención dentro de un ingenio azucarero en Famaillá. En esta causa, cuatro empresarios están acusados de haber colaborado con el Ejército al ceder instalaciones, proporcionar vehículos y brindar información sobre los trabajadores. Este proceso busca esclarecer el rol del sector empresarial en la represión y fortalecer el camino de la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.
La Nueva Comuna
