En estos días de incertidumbre económica, es inevitable mirar al pasado para encontrar paralelos con la situación actual. Remontémonos a tiempos de hiperinflación, como los vividos entre 1989 y 1991, cuando las tasas de inflación alcanzaban niveles del 10 al 20% mensual. Sorprendentemente, hoy nos encontramos en una situación similar, con cifras alarmantes que amenazan la estabilidad económica del país.
El presidente Javier Milei parece estar chocando la calesita y llevándola a un precipicio. Téngase en cuenta que la calesita es una alusión de la economía argentina. En tal sentido, los pronósticos no son alentadores, y las decisiones económicas del gobierno parecen estar exacerbando la situación en lugar de resolverla.
En febrero, la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC, alcanzó un preocupante 13,2%. La variación interanual, por su parte, llegó a un impactante 254,2%. Estas cifras ponen de manifiesto la gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas para enfrentarla.
Es evidente que se deben actualizar los valores del presupuesto municipal para hacer frente a esta realidad inflacionaria. Sin embargo, los criterios de medición de inflación dejan expuesto un sesgo ideológico preocupante.
En primer lugar, desde el punto de vista legal, es extraño que en Argentina esté prohibida la indexación de contratos, según lo establecido por la Ley de Convertibilidad. Sin embargo, el concejal Bartolomé Zubillaga, vocero de la propuesta del intendente Arturo Rojas, propone utilizar el índice UVA como una manera de acercarse al IPC y garantizar que los ingresos municipales se indexen casi como la inflación.
Surge una pregunta fundamental: ¿reflejan realmente los índices de inflación las variaciones de precios relacionadas con la actividad que lleva a cabo el Estado Municipal? ¿No sería más justo utilizar índices que acompañen al contribuyente trabajador, como el RIPTE?
Por otro lado no hay que dejar de tener en cuenta que los valores imponibles de muebles e inmuebles se actualizan desde la provincia e impactan directamente en las tasas municipales, que ya es bastante considerable. ¿Acaso las variaciones de mercado en los precios de los inmuebles son tenidas en cuenta a la hora de programar un aumentazo en las tasas?
Es necesario profundizar en este debate y encontrar soluciones equitativas que no castiguen a los ciudadanos.
La locura del ajuste del gobierno de Milei no debe trasladarse a los más afectados. Este gobierno instala la idea del ultraindividualismo, que el Estado es una organización criminal y que se tiene que manejar como una empresa. Por ende, se adoptan los criterios del mercado: pagás para tener, si no pagás, quedás afuera, etc., etc., etc. La crueldad presidencial no debe replicarse en nuestra ciudad.
Es hora de actuar con sensatez y responsabilidad para enfrentar esta crisis económica y proteger a los más vulnerables.
Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
