Javier Milei destituyó al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, debido a un supuesto pedido de sobornos para cerrar un acuerdo con una empresa israelí.
El caso fue revelado este lunes por un medio nacional, que informó que la empresa TEGI Limited propuso a YCRT la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por aproximadamente US$ 2,1 millones. Sin embargo, la operación se detuvo debido a un presunto pedido de sobornos por parte de un intermediario, que sería cercano a Decoud.
El intermediario involucrado es Andrés Gross, quien, junto con Alejandro Salemme, habría solicitado una comisión a los empresarios para concretar el acuerdo, según se desprende de conversaciones grabadas.
Decoud, ex funcionario del PRO en distintos niveles de gobierno, fue nombrado en YCRT gracias a un acuerdo entre la Casa Rosada, el legislador bonaerense del PRO Alex Campbell y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
El gobernador santacruceño se distanció de Decoud y solicitó a la justicia que investigue el supuesto pedido de sobornos.
YCRT es una de las empresas que el gobierno busca privatizar, y es probable que utilicen este caso para avanzar en esa dirección. «Es posible que esta tarde o mañana haya novedades sobre el futuro de la administración de los yacimientos», adelantó el vocero presidencial.
El despido de Decoud fue anunciado por Manuel Adorni, quien afirmó que «cuando el Presidente detecta que no hay transparencia total en la gestión, siempre removerá al responsable, no porque sea necesariamente culpable, sino porque el Presidente exige que todo se gestione con absoluta transparencia».
La acusación de un pedido de soborno de 15 millones de dólares a empresas pesqueras llega a la Embajada de Estados Unidos
Estas declaraciones de Adorni resultan llamativas en contraste con el silencio del gobierno de Milei respecto al escándalo del presunto pedido de sobornos a empresarios pesqueros, revelado la semana pasada.
Según lo informado, supuestos representantes del gobierno solicitaron a empresarios una coima de 15 millones de dólares para renovar la cuota de pesca de la merluza hubbsi. El caso tomó relevancia cuando una de las empresas notificó a la Embajada de Estados Unidos.
El asunto ha sido ignorado tanto por el gobierno como por la mayoría de la oposición, lo que ha generado numerosas suspicacias. El único funcionario de alto rango que se pronunció al respecto fue Federico Sturzenegger, quien estaba impulsando un cambio en el régimen pesquero, pero fue apartado por otro sector del gobierno.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
