El gobierno de Javier Milei ha desactivado 111 políticas públicas, lo cual representa una amenaza para la seguridad alimentaria de la población. Este dato surge de una investigación de la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las políticas eliminadas impactan cada vez más el acceso a alimentos de calidad.
Como parte de su plan para lograr un superávit fiscal, el gobierno de Milei ha implementado medidas que han incrementado la pobreza: en el primer semestre de 2024, esta aumentó un 11,2%, dejando a más de 5.379.588 personas sin poder cubrir la canasta básica de alimentos. Estas decisiones han dificultado aún más que la mayoría de los argentinos acceda a una alimentación saludable. Entre las políticas responsables de este deterioro se encuentran la intensificación de la concentración del sistema agroalimentario, la eliminación de programas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (AFCI) y el retiro del Estado de la asistencia alimentaria.
Un estudio de la Fundación Rosa de Luxemburgo y el CELS reveló que el gobierno de Milei desmanteló 111 políticas públicas relacionadas con el acceso a los alimentos. De acuerdo con el informe, quienes producen alimentos frescos y aquellos que trabajan en espacios comunitarios enfrentan crecientes dificultades para realizar sus actividades. Al mismo tiempo, los consumidores están más desprotegidos frente a un mercado altamente concentrado, y quienes tienen ingresos insuficientes encuentran una menor oferta en estos espacios comunitarios. “Las decisiones económicas y normativas del gobierno afectan la capacidad de millones de personas para alimentarse y la viabilidad de los pequeños productores que proveen alimentos frescos”, indica el estudio.
En este contexto, el informe también describe cómo la eliminación de políticas y organismos ha impactado de forma directa e indirecta en la producción y distribución de alimentos. Desde noviembre de 2023 hasta julio de 2024, se desmantelaron 111 políticas públicas orientadas a la producción y consumo de alimentos, mientras que se avanzó en políticas que consolidan un modelo agroindustrial concentrado. “Estas desregulaciones precarizan el trabajo en el sector agrario, debilitan las economías regionales y encarecen los insumos de producción, lo cual afecta la soberanía alimentaria y limita el desarrollo económico regional”, advierte el informe.
Federico Orchani, investigador en el área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, comentó a El Destape que «una de las principales observaciones del informe es que las políticas alimentarias del gobierno afectan el derecho a la alimentación y comprometen la seguridad alimentaria del país». El informe también detalla que entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el consumo de alimentos en supermercados y mayoristas cayó un 16% y un 11%, respectivamente, con bajas significativas en productos esenciales: bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%). En el mismo período, los precios de los alimentos subieron un 128%, situando a Argentina en la cima del ranking mundial de inflación en alimentos, según el Banco Mundial.
El informe también señala la eliminación de políticas claves para la Agricultura Familiar Campesina Indígena (AFCI), como el Programa ProHuerta, que llevaba más de 30 años promoviendo huertas familiares y comunitarias. También se derogaron normativas que regulaban el uso de biopreparados y se desarticuló la Comisión de Agricultura Familiar del SENASA, debilitando la agroecología y el rol de los pequeños productores en la provisión de alimentos saludables.
Orchani también destacó que el vaciamiento del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena fue un golpe significativo para el derecho a la alimentación. Este organismo, con alcance en todas las provincias, ofrecía apoyo técnico fundamental a pequeños productores.
Respecto a los precios, el estudio muestra cómo la eliminación de regulaciones ha impulsado un incremento constante en el costo de los alimentos. Según datos del INDEC, entre diciembre y julio los precios de las verduras y legumbres aumentaron un 197% en el Gran Buenos Aires, mientras que los productos lácteos subieron un 165%, las carnes un 105% y las frutas un 78%.
El desmantelamiento también afectó a la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), encargada de ejecutar créditos internacionales para el desarrollo rural, y al programa ProHuerta. Según la Asociación de Trabajadores del INTA (APINTA), se prohibió el uso de términos como “cambio climático” y “agroecología” en sus investigaciones.
Además, se desarticularon regulaciones que protegían las economías regionales. El desmantelamiento de leyes que regulaban la producción de azúcar y de la yerba mate afecta la soberanía alimentaria y el desarrollo económico de las provincias. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dejó de regular precios y cantidades, debilitando la producción local de este producto clave.
La eliminación de controles de precios también agrava la dificultad de acceso a alimentos. El cierre del Observatorio de Precios, cuya función era monitorear el costo de los productos, contribuyó a la falta de transparencia en el mercado. “La derogación de 69 resoluciones sobre control de precios y abastecimiento ha afectado especialmente a los sectores más vulnerables”, detalló Orchani, quien señaló que “el costo de un plato básico como el guiso aumentó un 151% en ocho meses”.
Finalmente, Orchani advirtió sobre nuevas amenazas que podrían profundizar aún más esta situación, como la posible sanción del RIGI, que contempla beneficios para grandes inversores y compromete la producción local de alimentos.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com
