El presidente Javier Milei disolvió mediante un decreto la comisión que él mismo había impulsado para investigar su presunta implicación en el fraude internacional vinculado a la criptomoneda $Libra. Según el Gobierno, la comisión “ya dio respuestas a todos los requerimientos que se había autoencomendado”. Sin embargo, jamás se hizo pública ninguna conclusión de esa supuesta investigación interna.
La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025, sostiene que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), dependiente del Ministerio de Justicia, ha cumplido con su cometido. El texto fue rubricado por el propio Milei junto al ministro Mariano Cúneo Libarona: “Disuélvese la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en el ámbito del Ministerio de Justicia por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada”.
La situación resulta especialmente polémica: el Ejecutivo no solo creó un órgano para investigarse a sí mismo, sino que lo desactivó alegando que cumplió con su labor, sin presentar evidencia o informe alguno al respecto. El caso de $Libra, que involucró al Presidente por la promoción directa de la criptomoneda desde su cuenta personal de X, trascendió las fronteras del país y generó fuertes repercusiones mediáticas y judiciales.
Una comisión a medida
La UTI fue establecida en febrero mediante el Decreto 114/2025. Tenía como objetivo indagar posibles hechos de corrupción ligados a $Libra, cuya promoción fue realizada por el propio Milei a través de sus redes sociales, administradas de forma directa por él mismo.
La persona al frente de la comisión fue María Florencia Zicavo, entonces jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y figura de extrema cercanía al ministro Cúneo Libarona, lo que sumó cuestionamientos a la independencia del órgano.
Su tarea era “recabar los elementos relacionados con el criptoactivo $Libra con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”. Para ello, se le habilitó a requerir datos a diversas dependencias del Estado nacional, así como a entidades internacionales.
La supuesta misión cumplida
De acuerdo con el decreto de disolución, los organismos involucrados ya respondieron en tiempo y forma, lo que justificaría el cierre de la comisión. La lista incluye a la OA, el Banco Central, la UIF, la CNV, ARCA (exAFIP), la Casa Militar, la Dirección de Migraciones, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, la AAIP, la IGJ, la Subsecretaría de Asuntos Políticos y la Jefatura de Gabinete.
No obstante, no se conoce públicamente ninguna evaluación final, ni dictamen técnico, ni informe que haya sido derivado al Poder Judicial. La investigación formal continúa en manos de la jueza María Romilda Servini, pero el Ejecutivo cerró su propia comisión sin transparentar los resultados ni dar explicaciones detalladas.
La Nueva Comuna