«Qué se mueran, son muchos», fue la frase brutal que se le atribuye a Karina Milei, hermana del presidente y figura clave del actual gobierno. Lejos de ser una anécdota aislada, esa sentencia parece haberse materializado en las políticas concretas del Ejecutivo: el tan anunciado «superávit fiscal» se construye, en gran parte, sobre los hombros de los sectores más vulnerables, especialmente los jubilados.
En este contexto, los miércoles se han convertido en jornadas de lucha y visibilización, con movilizaciones crecientes frente al Congreso Nacional. Ayer, una vez más, miles de personas mayores se concentraron en defensa de sus derechos, acompañados esta vez por organizaciones sindicales que se sumaron al reclamo. La escena fue contundente: pancartas, cantos y una intención clara —»Con los viejos no»—.
La novedad de esta última convocatoria fue el repliegue de las fuerzas de seguridad, que en otras ocasiones habían sido desplegadas con firmeza por el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. Según trascendió de fuentes gremiales y de organismos de derechos humanos, el gobierno evitó una represión directa por temor a un desborde social y al alto costo político que implicaría reprimir a jubilados y trabajadores organizados.
Un dato no menor: esta protesta se da en un momento en que los haberes previsionales registran una pérdida histórica frente a la inflación. Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en abril de 2025, las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento del 2,40%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, reciben $355.820,63.
Desde el oficialismo, la narrativa gira en torno a la «responsabilidad fiscal» y la «austeridad», pero los números muestran otra realidad: más de la mitad del superávit anunciado por el ministro Luis Caputo se explica por el recorte en jubilaciones, pensiones y asistencia social, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Además, se han reportado cancelaciones y suspensiones de pensiones por viudez, afectando a muchas personas que dependen de estos ingresos para su subsistencia. Aunque ANSES no ha emitido comunicados oficiales al respecto, diversas organizaciones de derechos sociales han denunciado esta situación, señalando que se enmarca en una política de ajuste que perjudica a los sectores más vulnerables.
«Nos están matando en cuotas», gritó una mujer con bastón frente al Congreso.
Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de ATE Nacional, expresó: «Este ajuste es criminal. Y si creen que los jubilados van a callarse, se equivocan. Aquí estamos, y cada miércoles seremos más».
La escena de ayer marcó un punto de inflexión: la unión generacional entre los mayores y el movimiento sindical muestra que, aunque el gobierno pretenda invisibilizar el drama social, las calles siguen siendo el escenario principal de la resistencia.
Por Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
