La Corte Suprema tomó decisiones clave en dos casos emblemáticos del lawfare: Dólar Futuro y el Memorándum con Irán. En el primero, confirmó los sobreseimientos de CFK, Axel Kicillof y los directivos del Banco Central de la última etapa de la gestión kirchnerista, acusados falsamente de dañar el patrimonio público. Sin embargo, un peritaje realizado cinco años después del inicio de la causa evidenció que las imputaciones eran infundadas. Mientras tanto, funcionarios macristas que sí se beneficiaron al manipular el precio del dólar nunca enfrentaron a la justicia. Por el contrario, en la causa del Memorándum con Irán, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda allanaron el camino para que CFK y otros exfuncionarios enfrenten un juicio oral, posiblemente en pleno año electoral, pese a que la causa fue archivada en múltiples instancias por falta de delito.
La narrativa mediática dominante en redes sociales como X (antes Twitter) intentó presentar las decisiones de la Corte como un «equilibrio», una resolución favorable a CFK y otra en su contra. Sin embargo, esa supuesta neutralidad es ficticia: las acciones de la Corte refuerzan el entramado del Ministerio del Lawfare.
En cuanto al caso Dólar Futuro, el cierre llega nueve años después de una denuncia que pudo haberse resuelto con un peritaje básico en 2015, pero que recién se realizó en 2021. Este análisis determinó lo evidente: no hubo perjuicio económico para el Banco Central. La operación de Dólar Futuro era una herramienta de política monetaria diseñada para cumplir con los objetivos establecidos en la Carta Orgánica de la institución: “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Sin mayores fundamentos, la Corte desestimó el caso invocando el artículo 280 del Código Procesal.
Dólar Futuro fue, desde su inicio, una construcción artificial. Irónicamente, los mayores beneficiarios fueron funcionarios del macrismo y sus aliados, quienes determinaron los valores de las operaciones siendo ellos mismos poseedores de contratos de dólar futuro. La lista, revelada por Iván Schargrodsky en El Destape, incluye nombres como Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Nicolás Caputo y José María Torello, todos figuras clave del gobierno de Mauricio Macri.
Por otro lado, el fallo sobre el Memorándum con Irán es más grave. Que la Corte avale una causa iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, basada en una denuncia carente de pruebas y desestimada por múltiples instancias judiciales, demuestra la complicidad del máximo tribunal en la erosión del Estado de Derecho. La reapertura de esta causa en 2016 estuvo marcada por irregularidades, incluyendo reuniones entre los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos con Macri en Olivos y la Casa Rosada días antes de emitir sus fallos.
El fallo de la Corte Suprema sobre el Memorándum, anunciado en el cumpleaños de Nisman, parece más una jugada política que una resolución jurídica. Como recordó Romina Manguel, una de las principales comunicadoras de la narrativa en torno a Nisman, este caso sigue sin pruebas sólidas ni avances concretos en la investigación sobre su muerte, mientras las manipulaciones judiciales perpetúan la impunidad y el descrédito institucional.
En definitiva, estas decisiones de la Corte no solo sostienen las estrategias de persecución política, sino que además consolidan una democracia cada vez más frágil, donde el cumplimiento de la Constitución queda supeditado a intereses y negociaciones políticas.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com
