El Gobierno salió a aclarar la situación con respecto al conflicto que se produjo en Mendoza a partir de la modificación de la ley 7722. “La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia”, expresa un comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El texto de la cartera de Ambiente, que reproducimos completo al final de esta nota, añade que el Ejecutivo nacional “solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente. Es por eso, que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, manifiesta su preocupación por los hechos acaecidos en la provincia de Mendoza”.
Las modificaciones efectuadas a la ley 7722, que habilitan el uso de sustancias tóxicas para la megaminería, provocaron un amplio rechazo social que desembocó, el lunes, en una multitudinaria movilización “en defensa del agua”, que reclamaba que el gobernador Rodolfo Suárez vetara los polémicos cambios a la norma legal.
Luego de que el gobierno mendocino rechazara un petitorio al respecto, se produjo una represión que terminó con alrededor de 16 detenidos, luego liberados. La masiva movilización y la posterior represión provocaron reacciones en el arco político mendocino y nacional. Aunque el Frente de Todos en su mayoría acompañó la sanción de la ley, el presidente del PJ mendocino, Guillermo Carmoma, solicitó al gobernador que la vete. “Las movilizaciones son impresionantes, el peronismo tiene que estar del lado del pueblo”, señaló Carmona. A través de su cuenta de Twitter, la senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió que si el gobernador “elige el camino de la represión, estaré siempre en la vereda opuesta”. “Uno de los límites que planteé claramente es que se deje que la gente se exprese y se los escuche”, señaló.
Por su parte, el senador electo por el Frente de Todos y flamante embajador en Francia, Fernando “Pino” Solanas, plantó su posición: “La Ley 7722 de Mendoza protegía el agua prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esta norma había nacido en las calles. Su modificación significa una regresión ambiental que pone en peligro el futuro de la región”.
El comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
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