Massismo apura a Cambiemos tras agresiones a docentes
El proyecto también castiga las lesiones contra “servidores públicos, bomberos o profesionales de la salud”.
Pese a destinar toda su «energía» al proyecto que impulsa con Margarita Stolbizer para «bajar los precios», el serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dejó la orden a sus alfiles en el Congreso de rescatar cualquier idea para criticar al PRO. En las últimas horas, un legislador del bloque reflotó una iniciativa para agravar penas a los agresores de servicios públicos, tras el ataque a una docente en Tigre, el «patio» del diputado nacional.
El diputado nacional Juan Brügge (Córdoba), uno de los massistas «equilibrados» del bloque renovador -junto al economista Marco Lavagna- exigió a Cambiemos el tratamiento de un proyecto para incorporar un artículo -el 91 bis- para aumentar la escala de penas «cuando la víctima» revistiere «el carácter de directivo, docente o auxiliar docente de los establecimientos educativos públicos o privados, en todos los niveles de enseñanza».
La iniciativa que impulsa Brügge -deberá ser debatida por la Comisión de Legislación Penal que preside la radical Gabriela Burgos (Jujuy)- también toma en cuenta a «servidores públicos, bomberos o profesionales de la salud». En principio, propone elevar el piso de «un mes a un año» a uno nuevo de «uno a tres años» de prisión a quien «causare en el otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición» del código.
Por otro lado, se impondrá reclusión o prisión de tres a ocho años -hoy es de uno a seis años- «si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro».
En tanto, el proyecto también establece la reclusión o prisión de cuatro a 12 años -en la actualidad es de tres a diez años- «si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir».
Brügge argumenta que «se han tenido en cuenta los antecedentes suscitados en España en los últimos tiempos», que ha llevado en algunas localidades «a equiparar a los docentes a servidores públicos y funcionarios públicos, a fin de poder robustecer su autoridad frente a las agresiones que reciben de alumnos y padres».
Además, el diputado deja claro que el texto -presentado en 2016- adquiere relevancia «en razón de la creciente desautorización de su función educadora, lo que ha convertido al trabajador docente en el blanco de ataques provenientes de la propia comunidad escolar, como también de un contexto social que es por lo menos indiferente».
En una las últimas menciones antes de comenzar la cruzada por los precios, el zigzagueante Massa apuntó -vía redes sociales- al conflicto entre gremios docentes y el Gobierno: calificó a los alumnos de «rehenes de una pelea de facciones políticas que buscan mostrar quién es más poderoso», para luego acordar cuatro puntos: inversión en porcentaje del producto en educación, un modelo educativo para el siglo XXI, la capacitación docente y una nueva relación de la comunidad educativa.
No obstante, las propuestas de los renovadores chocan con el mensaje que trasladaron desde el massismo a Casa Rosada, en cuanto a la imposibilidad de negociar leyes en este período electoral. En cambio, en la provincia, mantienen por lo bajo la alianza de poder -y fondos- con María Eugenia Vidal.
De hecho, Buenos Aires votó el año pasado una norma que prevé penas de «hasta 30 días de arresto» para quienes agredan a personal docente y no docente de los establecimientos públicos y privados. Ayer recordó esa ley el oficialista Juan Pablo Allan, titular de la Comisión de Educación del Senado bonaerense.
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