Mientras el Gobierno repite que “no hay plata”, se destinan fondos millonarios a la represión
Aunque el discurso oficial insiste con que “no hay plata”, el Ministerio de Seguridad desembolsó más de $1.000 millones en municiones, granadas, lanzadores de gas y otros elementos represivos. Además, abrió una licitación millonaria para la compra de máscaras antigas y escudos. Solo el operativo del 12 de marzo —cuando manifestantes, entre ellos jubilados e hinchas de fútbol, fueron violentamente reprimidos— costó cerca de $80 millones y dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo.
A través de un pedido de acceso a la información pública presentado por este medio tras la protesta frente al Congreso, se confirmó que el despliegue represivo del 12 de marzo incluyó gastos por $78.720.989,10. La Policía Federal absorbió la mayor parte, con $75.963.104. La Gendarmería, apuntada por el ataque a Grillo, recibió $1.843.558,10. La Prefectura Naval sumó $477.527 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, $466.800.
Ese día intervinieron 1.266 agentes, una cifra comparable a los operativos de seguridad en partidos de alto riesgo como un Boca-River. Según el informe oficial, los gendarmes usaron cartuchos de gas de 38.1 mm, uno de los cuales —disparado por el cabo Guerrero— impactó en la cabeza del reportero gráfico, que continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Argerich. Fue operado nuevamente esta semana.
Su padre, Fabián Grillo, contó a Página|12 que su hijo muestra signos de mejoría: “La evolución es muy buena. Lee mucho, cosas de fotografía, novelas, cómics que le traen sus amigos. Lo primero que leyó fue El Principito, que se lo alcanzó una enfermera”. La familia fue aceptada como querellante en la causa judicial a cargo de la jueza federal María Servini, que investiga cómo ocurrió el hecho.
Pero el gasto no terminó ahí. El equipamiento de las fuerzas incluyó granadas de mano, aerosoles de gas pimienta M9-OC, cartuchos de gas, granadas de humo y cartuchos “AT”. La Prefectura empleó cartuchos 12/70 con perdigones de goma marca Fabricaciones Militares, proyectiles de gas de 40 mm y químicos disuasivos como los Pellets OC-PAVA.
El Gobierno no reveló cuántas balas, cartuchos o granadas se utilizaron ni cuánto costaron, aduciendo que forman parte del “presupuesto habitual” de las fuerzas.
Sin embargo, los registros del portal oficial de compras permiten reconstruir parte del gasto. En julio de 2024, Seguridad adquirió sin licitación 5.875 granadas y cartuchos de gas lacrimógeno a Fabricaciones Militares por un total de $992.875 dólares. Al tipo de cambio del 18 de abril, eso equivale a $1.151.735.000. Para dimensionarlo: ese monto representa el equivalente a 3.142 jubilaciones mínimas, considerando el bono congelado de $70.000.
Según el propio documento adjunto a la operación, los cartuchos lanzagas de 38.1 mm están diseñados como “elementos de disuasión” que emiten una nube densa con un “efecto lacrimógeno altamente irritante” que afecta la piel, el sistema respiratorio y el nervioso.
A este arsenal se suma el gas pimienta, rociado cada semana durante las protestas. Según denunció la diputada Myriam Bregman en marzo, cada unidad cuesta alrededor de $250 mil.
También hay que contar el equipo que usan los uniformados: el Ministerio abrió una licitación para la compra de 300 trajes de protección, 700 cascos antidisturbios, 300 escudos tipo “burbuja”, 500 máscaras antigas con visor y filtros descartables, 1.000 tonfas de 60 cm y otros 1.000 bastones para “control de disturbios”.
La licitación se adjudicó en marzo de 2025 a tres empresas: una recibió $321.500.000 por trajes, cascos, escudos y bastones; otra percibió $238.746.120 por las máscaras; y una cooperativa obtuvo $20.000.000 por las tonfas. Según Bregman, cada oficial movilizado a una marcha cuesta al Estado $1.074.404 en equipamiento.
Con información de Página 12
La Nueva Comuna