Una operación atípica con acciones de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), justo antes de que el Gobierno anunciara la liberación de 120 mil millones de pesos en dividendos para ese mercado, derivó en una denuncia penal que quedó en el juzgado federal de Marcelo Martínez di Giorgi. Actualmente, este tribunal está subrogado por Sebastián Ramos debido a la feria judicial.
En un principio se creyó que la causa estaba bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, lo que habría generado incomodidad dado que Lijo es candidato a la Corte Suprema propuesto por el gobierno. Sin embargo, fuentes de Comodoro Py aclararon que finalmente será Ramos quien actúe como subrogante.
La investigación pone bajo la lupa al ministro Luis «Toto» Caputo, a su primo, el empresario Nicolás «Nicky» Caputo, y a directivos de ByMA. El fiscal Eduardo Taiano es quien debe intervenir, pero como también está de feria, la causa quedó a cargo de su colega Carlos Rivolo. Se trata de un caso sensible que involucra a figuras del sector financiero con un fuerte poder político, lo que lo convierte en un tema delicado.
En pleno auge de los mercados de capitales que operan en el país, el volumen de operaciones con acciones de ByMA experimentó un incremento cercano al 300%, superando ampliamente el promedio de suba en el MAE, Rofex y MAV. Este movimiento inusual ocurrió poco antes de que se anunciara que el gobierno liberaría 120 mil millones de pesos en dividendos, lo que generó sospechas de que hubo acceso a información privilegiada para anticiparse al alza en el valor de estas acciones.
Estas sospechas se intensifican porque el ministro Caputo es primo de Nicky Caputo, quien jugó un rol clave en la creación de ByMA. La entidad fue fundada durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando Luis Caputo también era ministro. En su inauguración, los primos acapararon la atención al brindar juntos con champagne.
«ByMA fue diseñado por la consultora Anker», señaló un operador financiero, en referencia a la firma que Luis Caputo fundó junto con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central.
El mercado cuestiona posibles maniobras de información privilegiada
La eliminación de la norma que limitaba el reparto de dividendos entre mercados se decidió el último día del 2024, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, en medio de las celebraciones de Año Nuevo.
La denuncia presentada por la Fundación Arco Social sostiene: «Han salido a la luz maniobras vinculadas a ByMA que generan serias dudas sobre la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas por sus principales accionistas. Deben investigarse posibles usos de información privilegiada, manipulación del mercado bursátil y otras irregularidades que podrían constituir delitos contra la administración pública».
La denuncia pide que se investigue a Luis Caputo por haber firmado el decreto que permitió la liberación de dividendos y a los empresarios Ernesto Allaria, presidente de ByMA, y Nicky Caputo. También solicita que se indague a Mariano de los Heros, titular de la ANSES, y Fernando Bearzi, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), para determinar si vendieron el volumen extraordinario de acciones que se negociaron antes del anuncio.
En las semanas previas al decreto, el volumen promedio de operaciones con acciones de ByMA aumentó un 500%, pasando de $1,26 millones diarios a $7,91 millones, mientras que su precio subió un 50%, superando al 30% registrado por el índice Merval en el mismo período.
Según la denuncia, «esto evidencia que ByMA tenía acceso anticipado a información sobre el decreto y que, basándose en ella, sus accionistas decidieron adquirir mayor participación para obtener ganancias extraordinarias».
El vínculo entre reguladores y regulados también se destaca como un elemento central del caso. «La relación entre los Caputo y ByMA siempre fue estrecha. Este mercado nació en 2016 con Nicky Caputo como vicepresidente, bajo el gobierno de su amigo Mauricio Macri y con Toto Caputo liderando las finanzas», comentó un veterano del sector.
Además, ByMA presenta una estructura de accionistas opaca: el 31% está en manos de la Bolsa de Valores, el 16,35% en inversores minoristas, el 13,7% en extranjeros, el 0,25% en el directorio y un 38,7% figura como «otros».
«ByMA es un invento de Anker, promovido con el argumento de modernizar y profundizar el mercado de capitales», concluyó el operador.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
