La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Mar del Plata confirmó el fallo del juez de primera instancia y rechazó el recurso del intendente libertario Guillermo Montenegro. Los operativos violentos contra “trapitos” y personas sin techo fueron declarados ilegales.
La Sala I de la Cámara respaldó lo resuelto por el juez Juan Tapia, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 4, y dejó firme la sentencia que frena el accionar de la patrulla municipal impulsada por Montenegro.
En consecuencia, los operativos en los que agentes municipales hostigaban, detenían y despojaban de sus pertenencias —incluso de documentación personal— a personas en situación de calle quedaron prohibidos y deben cesar de manera inmediata.
Este cuerpo había sido creado en 2020 por una ordenanza presentada por el Ejecutivo local y avalada por el Concejo Deliberante, en el arranque de la primera gestión de Montenegro.
Durante los primeros años, la patrulla no generó mayor polémica. Fue el propio jefe comunal quien el año pasado comenzó a difundir sus acciones en redes sociales. Esa visibilidad le dio aire dentro del espacio político de derecha y lo llevó a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección.
El grupo municipal, para ser un cuerpo de control, mostraba una fisonomía inusualmente militarizada. Su violencia contra los sectores más frágiles fue creciendo al calor de un clima político que acompañaba la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
Ese discurso y ese despliegue le sirvieron a Montenegro para marcar distancia del PRO —partido en el que militaba desde 2007— y acercarse a las posiciones libertarias.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus colectivo, aceptado en julio por el juez Tapia, que incluía numerosos testimonios de víctimas.
“Nos tiraron al piso y nos empezaron a decir que ya nos habían avisado que no podemos estar ahí. Empezaron a golpearnos cada vez más y después nos dijeron que por gil tenía que dejar mis zapatillas y me sacaron las zapatillas y el buzo. Esa vez yo después me tuve que ir descalzo a buscar otro lugar a donde ir. Antes que nosotros nos vayamos de ese cajero nos sacaron a correr, agarraron a mi hermano entre cuatro municipales y le pegaron en las costillas”, relató Martín, un hombre sin techo de la ciudad.
Otro testimonio, el de Hugo, da cuenta de la misma violencia: “Estoy en situación de calle y no es que tuve problemas, pero hay gente del Municipio, la camioneta negra, dos, tres negras, una blanca y un Bora no se si es Jefe de calle, pero hay uno grandote que te pega y te levanta a palazos, te patean. A mi compañero, mi viejito, lo patearon y le dejaron el tobillo que parece un globo. Nos sacaron todo, yo iba a dormir a otro lado”.
Tapia dio lugar al recurso “de alcance colectivo ordenando a las autoridades del municipio de General Pueyrredón que omitan tanto el despliegue de operativos por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales”. La Municipalidad apeló, pero la Cámara rechazó el planteo en términos categóricos.
El fallo señala:
«Por ello el tribunal resuelve confirmar la sentencia dictada el 2-7-2025 por el Dr. Juan Tapia, en la cual dispuso hacer lugar a la presente acción de habeas corpus preventivo de alcance colectivo ordenando a las autoridades del Municipio de General Pueyrredón que omitan todo despliegue de operativos por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales, ello en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable que ha sido objeto de la presente acción; en cuanto fue objeto de apelación por parte del representante del Municipio de General Pueyrredón».
La resolución también descarta el argumento del municipio de que la sentencia anulaba funciones de control. Al contrario, intima a cumplirlas “dentro del marco jurídico de las garantías constitucionales y convencionales”.
El tribunal enfatizó: “Lo ordenado en la sentencia en modo alguno impide u obstaculiza la actividad de la Patrulla Municipal. Por otra parte, no debiera ser fácilmente desobedecida la orden de omitir todo tipo de operativo que implique violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales, dado que son obligaciones inherentes a todo funcionario público, que debe actuar siempre en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad de la persona”.
La jugada política de Montenegro
El giro discursivo le permitió a Montenegro diferenciarse de sus exaliados del PRO y posicionarse en la interna libertaria. El pase se tradujo en su candidatura a primer senador provincial por la Quinta Sección, una de las pocas que conquistó La Libertad Avanza.
Aunque su futuro inmediato es incierto, en su entorno no descartan que deje el municipio en diciembre para evitar el desgaste de la crisis social local. Su aspiración de fondo es suceder a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, una vez que la actual funcionaria desembarque en el Senado.
Montenegro ya ocupó ese rol en la Ciudad de Buenos Aires durante los dos mandatos de Mauricio Macri y en 2015 estuvo a punto de llegar al mismo cargo a nivel nacional, hasta que Macri optó por Bullrich. Como compensación, fue nombrado embajador en Uruguay.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com